UNA advierte desprotección a sobreviviente de feminicidio

Aunque Costa Rica cuenta desde el 2022 con una ley que busca garantizar apoyo económico, atención psicológica y acompañamiento legal a las personas sobrevivientes de feminicidio, la normativa no se está aplicando de forma efectiva, lo que deja a estas familias en una situación de desprotección y revictimización.

Así lo concluye una investigación del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional (UNA), que advierte que, pese al impacto humano que generan estos crímenes, los mecanismos previstos en la legislación no logran activarse de manera oportuna ni integral.

Las cifras reflejan la magnitud del problema. Solo en 2025 se contabilizaron 36 feminicidios, una cantidad similar a la del 2024, cuando se registraron 40 casos, y superior a los 34 ocurridos en 2023. Detrás de estos números hay consecuencias directas para las familias: al menos 26 de las mujeres asesinadas el año pasado eran madres, lo que dejó 57 personas huérfanas, de las cuales 39 son menores de edad.

Según detalla la investigación, uno de los principales obstáculos es el proceso de confirmación oficial del feminicidio, que debe pasar por una investigación judicial y luego por el aval de una subcomisión que determine si la muerte ocurrió por razones de género. Este trámite puede tardar entre tres o cuatro meses e incluso hasta un año, tiempo durante el cual los sobrevivientes quedan sin acceso pleno a los beneficios que establece la ley.

La legislación reconoce como personas sobrevivientes a hijos e hijas menores de 25 años, familiares convivientes hasta primer grado de consanguinidad, personas adultas mayores y personas con discapacidad que dependían de la víctima. Sin embargo, la UNA señala que este grupo no recibe, en la mayoría de los casos, la atención integral prometida.

Uno de los puntos más críticos es la atención en salud mental. La investigación advierte que el acompañamiento psicológico o psiquiátrico recae en la Caja Costarricense de Seguro Social, donde las personas sobrevivientes deben ingresar a listas de espera, al igual que cualquier otro asegurado. Esto provoca que el daño emocional no sea atendido de manera inmediata, sino que se prolongue en el tiempo.

De acuerdo con el estudio, estas fallas institucionales generan sufrimiento adicional, desprotección y revictimización de las familias, justo en un momento de alta vulnerabilidad. La UNA subraya que la falta de una aplicación efectiva de la ley contradice el espíritu de la normativa y deja sin respuesta a quienes sobreviven a una de las formas más extremas de violencia de género.