Por Rodolfo González |30 de septiembre de 2021, 18:20 PM

En un mensaje en video de menos de 15 segundos, la ministra de Justicia, Fiorella Salazar, señaló que hoy recibieron una orden judicial para no referirse más a temas penitenciario.

La jerarca dijo que a partir de este momento empiezan a acabar la orden. La funcionaria no detalló cuál juez o jueza dictó la medida y cuál fue el fundamento de la misma. (Ver video adjunto).

¿Qué dice la orden?

Teletica.com tiene copia del documento emitido por el Juzgado de Ejecución de la Pena de San José. Específicamente en ese punto lo que señala la resolución es lo siguiente:

"Siendo que en los últimos días, las autoridades penitenciarias han estado realizando manifestaciones en distintos medios de comunicación en donde se ha brindado datos y se ha rendido información que podría no ser conteste con los principios de independencia judicial y de juez natural, se impone como medida cautelar atípica, la obligación a las autoridades penitenciarias de abstenerse, ya sea por si mismas o por terceras personas y mientras se encuentre en trámite el presente proceso judicial, de realizar manifestaciones, consideraciones u opiniones que pongan entredicho los principios antes citados. Lo anterior, a efecto de garantizar que el derecho fundamental de justicia sea ejercido libre de todo tipo de injerencia y control para que las decisiones que se adopten no solo se encuentren ajustadas a derecho sino también sean absolutamente imparciales"

El documento está firmado por la jueza Mayra Acevedo.

Esta resolución se da en el marco de un proceso en el que dicho juzgado está analizando si se autoriza al Ministerio de Justicia recibir nuevamente privados de libertad en el Centro de Atención Interinstitucional (CAI) de San José, el cual desde hace mucho tiene problemas de infraestructura y hacinamiento.

En la misma resolución, la juzgadora también indicó que se suspende el plazo para conclusiones y se pide nueva prueba a las autoridades de Justicia, entre las cuales está información acerca del proceso de vacunación de los privados de libertad en todo el sistema penitenciario, así como detalle de gestiones administrativas para reubicación de población privada de libertad en el marco del combate al COVID-19 y las gestiones para la construcción de una nueva cárcel para la población indiciada (la que está en la cárcel en prisión preventiva y no con condena en firme).

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