Nacionalización de empresa petrolera pone en riesgo al Estado de Nicaragua

Iván Olivares para Confidencial Nicaragua 

Las prisas de la familia gobernante, por salvar lo que se pueda del negocio de importación y distribución de combustibles que efectuaban al amparo de la ahora sancionada empresa DNP, con ganancias “entre 70 millones y 100 millones de dólares anuales”, podría tener incalculables consecuencias negativas para el Estado y la sociedad nicaragüense.

La semana pasada, la Administración estadounidense decidió sancionar a la empresa petrolera, como parte de un paquete de sanciones que también incluyó a Rafael Ortega Murillo, el hijo mayor de la pareja presidencial, así como a DNP, Inversiones Zanzíbar y a la empresa de vigilancia El Goliat.

La reacción de Daniel Ortega, cabeza visible del conglomerado de empresas que dirige junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, a la vez que ocupa el cargo de presidente del Gobierno de Nicaragua, fue ordenar a la Asamblea Nacional la nacionalización de los inventarios de la entidad sancionada.

Para el abogado Eliseo Núñez, exmiembro de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, esa decisión no solo protege al propietario de DNP, al constituirse en una suerte de indemnización, sino que deja toda la operación en la opacidad.

“Indemnizar a los dueños de DNP, sería uno de los latrocinios más grandes que estaríamos viendo”, dijo al ser entrevistado en el programa Esta Noche, que se transmite en línea.

El exlegislador opina que el régimen no necesitaba hacer una ley nueva para salvar esos inventarios, siendo que “el artículo 22 de la Ley de Hidrocarburos le permitía, en caso de emergencia -y no especificaba qué tipo de emergencia. Esta pudiese haber sido una- ampararse en el procedimiento de expropiación, que está en una ley especial de expropiaciones, de 1976”.

El mecanismo inicia con la tasación del bien para determinar cuánto se tiene que pagar por él, en un proceso de oferta y negociación, más un proceso de impugnación, si el expropiado no está de acuerdo.

Pero decidieron hacerlo por la vía de una ley especial, lo que le parece “bien sospechoso”, porque “la expropiación es un proceso que sí podés ver y consultar, y que debería estar presupuestado”, aseveró.

MEM: riesgo de contagio

También le resulta “bien llamativo”, que el nuevo texto legal “deja abierta al Ministerio de Energía y Minas (MEM), la posibilidad de subarrendar, subcontratar, hacer lo que quiera, con esta distribución”, lo que podría beneficiar a “estas sociedades anónimas que inscribieron en el Registro, y que no podemos ver, porque lo hicieron privado, ahora hace un año”.

“Lo que están haciendo es convertir al Estado en testaferro de los Ortega Murillo, lo cual también conlleva a un enorme riesgo de contagio de las sanciones, basado en los parámetros de lavado de dinero y de activos”, advirtió.

La fortuna anual que generaba el negocio de importación y comercialización de petróleo y sus derivados, fue posible no solo por la concentración de poder en cuatro manos: las de Daniel Ortega y su esposa, sino también por el dominio hegemónico construido por ambos, al privatizar en su beneficio la cooperación venezolana, después de haber confiscado los tanques de combustible de la Esso al inicio de su gobierno.

“Ellos controlaban el 64% de la importación de producto terminado en el país. A través de la red de DNP, se traía -ya no de Venezuela, sino de Estados Unidos- los combustibles refinados, en todas sus presentaciones, que vender en su propia red de gasolineras, que es bastante amplia, principalmente al interior del país, aunque también vendían producto terminado a las otras dos comercializadoras”, reconstruyó Núñez.

Explica que contaban para eso, con la capacidad de almacenamiento instalada por el ALBA, que nunca construyó la soñada refinería, pero sí un conjunto de tanques de almacenamiento de combustibles, capacidad que usaron para hegemonizar el mercado. “No era tanto lo que vendían al detalle, sino la fracción que le vendían a las otras petroleras”, ilustró.

Si bien la decisión de nacionalizar le permite evadir parcialmente el impacto de las sanciones, “lo que tiene DNP ya no podrá ser transado. Ellos dejaron de ser bancables. Lo que está tratando de hacer el Gobierno es mantener el abastecimiento de combustible, porque el volumen que importaban y distribuían, sí impactaría sobre el mercado”, explicó.

“El mercado de distribución va a sufrir -yo no creo que desabastecimiento como tal- pero sí una transformación, porque los importadores ahora van a ser otros”, concluyó.

Publicado originalmente en Confidencial.