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La tensión generada por la posibilidad de que el Estado limite las competencias de las universidades en el tema de empleo público subió hoy un nuevo escalón.

Las cinco universidades públicas presentaron una demandaron contra el Estado costarricense, esto por cuanto dichas casas de enseñanza creen que un decreto ejecutivo emitido meses atrás violenta su autonomía para determinar las políticas de empleo  que éstas aplican.

La demanda, presentada ante el Juzgado Contencioso Administrativo,  es directamente contra el Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Planificación y contra el Estado costarricense. Además, se solicita como medida cautelar anular el decreto cuestionado.

¿Qué es lo que dice el decreto?

Mediante un comunicado de prensa se informó que los cinco rectores presentaron una acción de nulidad contra el artículo 1 inciso h y del artículo 3 del decreto emitido el pasado 18 de febrero y que guarda relación con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas.

Ambos artículos establecen que las nuevas reglas emitidas en el tema de regulación de salarios en el sector público se aplicarán tanto para los servidores de la Administración Central y como para la Descentralizada, entre los cuales están las universidades. Así las cosas, estas casas de estudio no podrán establecer libremente criterios relacionados con incentivos o beneficios laborales, sino que la política del Estado le aplicará también a éstas.

La posición de los rectores es que las universidades están fuera del ámbito de acción de la ley  de fortalecimiento de las finanzas públicas y por ende del decreto ejecutivo. Para argumentar tal cosa se basa en jurisprudencia de la Sala Constitucional, la cual en el pasado ha señalado que la independencia de las universidades estatales es distinta a la de los demás entes descentralizados.

Según el comunicado emitido este martes por la tarde, el rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen, las universidades están conscientes de la  situación económica del país y considera que “se han tomado medidas importantes de reducción del gasto y han solicitado a las instancias correspondientes la aprobación de normativa interna que incorpore  nuevas políticas promoción de eficiencia y sostenibilidad financiera”, sin embargo “debemos de respetar lo que determina la constitución con respecto a la autonomía de las universidad públicas”.