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La Universidad de Costa Rica y la Defensoría de los Habitantes acordaron este martes continuar el convenio del consultorio jurídico que funciona en esa última entidad.

La universidad decidió hacerse cargo del costo económico de la oficina, luego de que la Defensora decidiera cerrarla debido a los recortes presupuestarios que la institución debió asumir este año.

El consultorio está pensado para brindar asesoría legal gratuita a personas de escasos recursos.

“Como universidad, nos preocupó mucho que personas con casos delicados en derechos humanos y en condiciones de alta vulnerabilidad quedaran a la deriva, sin la protección adecuada.

“Por eso decidimos asumir el pago del salario de la abogada coordinadora, porque de ninguna manera podíamos permitir que una restricción económica afectara a estas poblaciones”, aseguró el rector de la UCR, Gustavo Gutiérrez.

Esta oficina recibe principalmente denuncias ligadas con derechos humanos, por ejemplo trata de personas o delitos sexuales.

Ahí, estudiantes de la carrera de Derecho realizan su práctica profesional atendiendo situaciones de personas que carecen de recursos económicos suficientes para pagar los servicios de un abogado privado.

“En momentos donde el país está pasando por dificultades económicas, es importante que las instituciones, en la medida de nuestras posibilidades, trabajemos de forma conjunta en beneficio de las poblaciones más vulnerabilizadas del país.

“Me siento muy satisfecha con el acuerdo alcanzado con la UCR, que permitirá a las personas de escasos recursos seguir recibiendo el servicio de los Consultorios Jurídicos en nuestra institución”, manifestó la defensora Catalina Crespo.

Este acuerdo se había renovado el 25 de enero de 2019 y tiene una vigencia de cuatro años.

Una vez cumplido el plazo de este convenio, ambas instituciones iniciarían los trámites para una eventual prórroga de otros cuatro años más.