Por Stefanía Colombari 13 de julio de 2026, 7:01 AM

La situación de las finanzas públicas de Costa Rica, si bien no se compara con lo experimentado en el 2018, muestra condiciones que, si no son atendidas, podrían desencadenar una crisis mayor, algo que ha llevado a algunas voces a plantearse si es necesaria una nueva reforma fiscal. 

De acuerdo con la economista Edna Camacho, entre los retos que se tienen por delante está una deuda que aún es muy alta, por encima del 60% del PIB, lo que mantiene el gasto total en restricción.

También hay intereses que absorben más de un tercio de los ingresos tributarios del gobierno, así como una fuerte presión en el gasto social y en inversiones.

La recaudación tributaria está desacelerada en los últimos dos años y existe una regla fiscal que, de acuerdo con Camacho, está debilitada debido a exclusiones y una deuda creciente con la Caja Costarricense de Seguro Social.

Ante este panorama, la experta considera que el país todavía tiene margen para fortalecer sus finanzas públicas sin recurrir a nuevos impuestos, pero tienen que ejecutarse tres acciones de manera prioritaria.

1. Fortalecer la fiscalización tributaria y aduanera.

La economista señaló que uno de los principales desafíos es mejorar el control sobre la recaudación de impuestos.

"Es cierto que la apreciación cambiaria ha desacelerado los ingresos, pero es posible que también no se estén haciendo suficientes esfuerzos por cobrar los impuestos como se deben cobrar", afirmó Camacho.

Por ello, la experta considera que fortalecer la fiscalización tributaria y aduanera sigue siendo una de las tareas más urgentes.

2. Revisar exoneraciones fiscales que ya no se justifican.

Como segunda medida, Camacho planteó revisar algunas exoneraciones fiscales que permanecen vigentes desde la reforma tributaria de 2018.

“En su momento encontraron un espacio en la discusión legislativa y quedaron con tasas preferenciales de IVA o de renta, pero no se justifican”, comentó la economista.

Sostuvo que eliminar esas exoneraciones permitiría mejorar la recaudación con un esfuerzo relativamente pequeño y contribuiría a una mayor equidad tributaria.

3. Retomar una reforma del Estado que permita un uso más eficiente de los recursos públicos.

La tercera propuesta apunta a una reforma del Estado. La economista considera que Costa Rica mantiene una estructura institucional demasiado amplia y que hace falta una revisión sobre posibles duplicidades de funciones y sobre el cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creadas algunas entidades públicas.

Aseguró que ese análisis permitiría identificar oportunidades para liberar recursos sin incrementar la carga tributaria de los contribuyentes.

"De esa revisión habrá que escoger algunas instituciones, obviamente no se van a revisar las 300, pero sí algunas en las cuales se piense que esa revisión puede liberar recursos. Y doy ejemplos: el ICT, el INDER, el INA y el IFAM reciben impuestos. Eso es parte de la carga tributaria que no pasa por el Gobierno Central. 

"Deberíamos preguntarnos si ahí hay alguna manera de generar ahorros y liberar recursos que pasen incluso al Gobierno Central”, concluyó Camacho.

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