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Esa es la intención de la Asociación Víctimas del Estado (AVES) que presentó la solicitud oficial este viernes ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Lo que busca esta organización es contar con el marco legal en el país para que puedan trabajar amparadas a la ley, este tipo de aplicaciones.

Si bien en el país no existen cifras oficiales, se estima que 750.000 personas utilizan algun tipo de aplicación de transporte.

Más de 22.000 personas tiene algún vínculo como choferes o similares de estas aplicaciones.

La iniciativa popular inicia ahora un proceso de revisión por parte del TSE.

Uno de los filtros que deberá superar es la recolección de al menos 140.000 firmas en un máximo de 10 meses.