Por Rodolfo González |27 de mayo de 2022, 9:23 AM

El Sindicato de la Judicatura (Sindjud) pidió a la Corte Suprema de Justicia que se realice una investigación administrativa por la solicitud hecha por una magistrada para que se borraran cinco resoluciones que estaban en el Centro de Información del Poder Judicial. En estas resoluciones figuraban miembros de Supremos Poderes.

Mediante una publicación en redes sociales, Sindijud consideró que un alto jerarca de la Corte no puede, por si mismo, dar ese tipo de órdenes.

El caso

El mes anterior, la magistrada y vicepresidente de la Corte, Patricia Solano, pidió al Centro de Información Jurisprudencial del Poder Judicial que borrara cinco resoluciones específicas en las que figuraban miembros de Supremos Poderes.

Estas resoluciones eran desestimaciones, es decir, caso que no llegaron a juicio porque no había elementos para tal cosa.

Sindijud le pidió a los demás magistrados que investigan este hecho, pues este tipo de decisiones de índole administrativa no son potestad de un solo funcionario, aunque sea parte de una de las Salas.

El Sindicato asegura que si cualquier magistrado dictara ese tipo de órdenes de manera individual "el Poder Judicial sería un caos".

Además, Sindijud se cuestiona por qué se solicitó borrar cinco desestimaciones específicas, cuando, en total, hay otras 300 similares.

La petición para que se investigue ese caso viene acompañada de una solicitud para que la Corte también se pronuncie acerca de la necesidad de que se mantenga la publicidad y transparencia en los procesos contra miembros de Supremos Poderes.

Otra investigación

Antes de esta petición del Sindicato, la oficina de Prensa del Poder Judicial había informado que el Ministerio Público investigará este caso a solicitud del Presidente de la Corte, Fernando Cruz.

Además, el abogado litigante Juan Diego Castro había pedido a los magistrados que se pronuncien al respecto.

Desde entonces, la magistrada Solano comunicó, por medio de la oficina de prensa, que se referirá al tema en "el momento procesal oportuno", por tratarse de un asunto que está en investigación.