Seguridad despedirá con responsabilidad a mayoría de los 115 policías destituidos por delitos graves
La aplicación del artículo 140 de la Constitución omite el debido proceso pero obliga a la indemnización. Autoridades aún no han calculado el costo de las separaciones
El Ministerio de Seguridad despedirá con responsabilidad laboral a la gran mayoría de los 115 policías que fueron separados por su supuesta participación en delitos graves.
Así lo confirmó a Teletica.com el director de Asesoría Jurídica del ministerio, José Heiner Villalobos, quien explicó que la aplicación del artículo 140 de la Constitución Política omite el debido proceso y por lo tanto obliga al pago de esa compensación.
“El despido con responsabilidad es precisamente la compensación que se le da a la persona por no haber gozado del debido proceso. La Sala Constitucional ya lo ha señalado así, que para que se elimine esa responsabilidad el proceso ordinario es necesario”, señaló Villalobos.
El director jurídico señaló que los procesos ordinarios eran una posibilidad, pero ese camino obligaría a la permanencia de esos oficiales en la institución por un tiempo indefinido, una opción que no gustaba en la coyuntura actual donde habían acusaciones de homicidio, violación, secuestro, narcotráfico y corrupción, entre otras.
“Aquí lo que sucede es que si nos vamos por la vía ordinaria el proceso puede tardar años. En la vía administrativa para delitos graves como el homicidio o la violación no es posible conseguir las pruebas o se vuelve muy difícil, y por la vía penal el proceso es igual de largo y engorroso.
“Nos ha sucedido que hay funcionarios con denuncias penales a los que el juez les otorga un permiso con goce salarial mientras se desarrolle la investigación, entonces hemos tenido a personas hasta cuatro años en esta situación para que luego nada más algo falte y se archive el proceso. La aplicación del 140 nos obliga a pagar, pero el despido es inmediato”, añadió.
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Villalobos aseguró desconocer si dentro de esos 115 oficiales despedidos existen procesos penales o administrativos en curso, aunque sí dijo que todos tienen procesos judiciales abiertos.
También explicó que si bien muchos casos datan de años atrás, los procesos pudieron haber existido pero muchas veces se archivaron por la falta de esa prueba o bien no se hicieron del todo.
Tanto el jurista como el departamento de prensa de la Fuerza Pública aseguraron que ahora mismo no se han realizado los cálculos sobre cuánto le costará a la institución y el Estado la indemnización de estos funcionarios.