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La sanción administrativa al Ministerio de Educación Pública (MEP) por recopilar datos sensibles en las pruebas FARO aplicadas la semana pasada podría ser de casi 14 millones. Sin embargo, la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes aún no define si abrirá una investigación al respecto.

Las preguntas que consultaban sobre las condiciones en las que viven los estudiantes generó indignación. En los cuestionarios de factores asociados se indagó sobre el tipo de piso, techo y paredes de las viviendas, así como los bienes y servicios con los que se cuenta en los hogares.

Las preguntas se les hicieron a menores de quinto grado.

La ley establece sanciones administrativas que van de los 15 a 30 salarios base, es decir, podría llegar a los 13.866.000 colones.

Pero, según el tratamiento de la información obtenida, las consecuencias penales podrían ser mayores.

Aunque en la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes reconocen que dieron recomendaciones al Ministerio de Educación Pública (MEP), se desligan de esta responsabilidad y aseguran que desconocían del contenido de las pruebas.

Por otra parte, el Tribunal Contencioso-Administrativo acogió una medida cautelar en la que se ordena al MEP abstenerse de extraer y utilizar la información obtenida de los estudiantes, así como entregar al tribunal los cuestionarios de factores asociados.

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