Por Mariela Montero Salazar 26 de octubre de 2026, 6:19 AM

El uso de medicamentos inyectables para bajar de peso y tratar la diabetes genera cada vez más atención en Costa Rica. 

A la popularidad de estos tratamientos se suman las alertas por posibles efectos adversos y la preocupación de las autoridades por la comercialización de productos fuera de los canales autorizados.

El Ministerio de Salud ya registra 695 notificaciones de sospechas de reacciones adversas asociadas con estos medicamentos.

La semaglutida concentra el 50% de los reportes y la liraglutida, el 41%. La dulaglutida representa otro 10%. También hay notificaciones relacionadas con tirzepatida.

Los problemas gastrointestinales son los más frecuentes, con 476 notificaciones, equivalentes a cerca del 69% del total. Les siguen los trastornos generales y las reacciones en el sitio de inyección, con 194 reportes (28%); los trastornos del sistema nervioso, con 167 (24%); y los relacionados con el metabolismo y la nutrición, con 142 (21%).

También se notificaron trastornos psiquiátricos, infecciones, problemas de piel y trastornos cardíacos.

Efectos adversos

Carolina Mora, del Área de Regulación de Productos de Interés Sanitario del Ministerio de Salud, aclaró que estas cifras deben interpretarse con cautela: una misma notificación puede incluir varias reacciones y el reporte de un posible efecto adverso no confirma que el medicamento sea su causa.

Cada caso debe analizarse para determinar si existe una relación entre el producto y la reacción reportada.

¿Quién responde por estos medicamentos?

La investigación de posibles efectos adversos también pone sobre la mesa la responsabilidad de quienes comercializan estos tratamientos.

Según Mora, cuando un medicamento cuenta con registro sanitario en Costa Rica, existe un titular responsable del producto. 

“Si el producto está registrado, Salud tiene la responsabilidad de garantizar que es seguro y eficaz. El registro sanitario tiene un titular del producto y un responsable legal”, explicó la funcionaria.

El panorama es distinto cuando los productos se adquieren en el mercado ilegal. Si no es posible verificar su procedencia o composición, resulta más difícil identificar qué se utilizó, investigar una posible reacción adversa y determinar responsabilidades.

A esto se suma el costo de algunos tratamientos, un factor que, según las alertas señaladas por las autoridades, acompaña la preocupación por la comercialización fuera de los canales autorizados.

En ese contexto, el Colegio de Médicos confirmó que mantiene bajo investigación a seis profesionales relacionados con el uso indebido de péptidos.

CCSS estudia su uso para tratar la diabetes

Mientras las autoridades vigilan los posibles efectos adversos y las condiciones de comercialización, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) analiza si incorpora estos medicamentos a sus tratamientos para la diabetes.

La evaluación comenzó hace aproximadamente un año y no supone que los fármacos se suministrarían automáticamente a los cerca de 300.000 pacientes con esta enfermedad.

Según Hugo Marín Piva, jefe de Farmacoeconomía de la CCSS, la institución debe determinar cuáles pacientes podrían beneficiarse, qué principios activos utilizaría, bajo cuáles criterios clínicos y cuánto costaría financiar los tratamientos.

La resolución sobre su posible incorporación para la diabetes se conocerá en noviembre próximo.

Después, la institución abriría una evaluación independiente para determinar si también resulta viable incorporar estos medicamentos para el tratamiento de la pérdida de peso.

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