Sala IV ordena a Incopesca entregar información sobre estudio de arrastre

La Sala Constitucional ordenó al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) entregar datos sobre el proyecto de investigación “Nuevas alternativas para la pesca responsable de camarón de profundidad en el Océano Pacífico costarricense”.

Según explicó la Fundación MarViva, tienen más de tres meses de haber solicitado la información sin obtener una respuesta por parte de Incopesca. Sin embargo, ante una consulta de Teletica.com, la institución aseguró que "nunca ha negado el acceso a la información".

La información que MarViva solicitó en octubre del año pasado fue la metodología usada para estimar el porcentaje total de camarón por lance de pesca, utilizada para fundamentar un informe de avance de la investigación presentado ante la Junta Directiva del Incopesca.

“También se solicitó la base de datos en formato Excel de los datos utilizados para generar dicho informe. Ante la negativa del Incopesca de facilitar el acceso a dicha información, MarViva interpuso un recurso de amparo ante la Sala Cuarta, el cual fue declarado con lugar de forma unánime”, explicó MarViva.

De acuerdo con la sentencia, al ser la información en cuestión de interés público, Incopesca está violando el derecho de petición consagrado en el artículo 27 de la Constitución Política.

“Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se le ordena a Heiner Méndez Barrientos, Presidente Ejecutivo Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, o a quien ocupe ese cargo, que realice las gestiones necesarias para que, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia, se remita al recurrente la información solicitada en el oficio MV-IP-CR-60-2023, salvaguardando para tales efectos los datos sensibles o confidenciales, en caso de haberlos, de conformidad con la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales (ley número 8968).

"Se advierte que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo”, dice el por tanto.

Incopesca se defiende

Heiner Méndez, ministro de Pesca y Agricultura y presidente de Incopesca, explicó a Teletica.com que  "en relación con la información de uno de los estudios científicos que estamos llevando a cabo, debo decirle que en primer lugar Incopesca nunca ha negado el acceso a la información, todo lo contrario, se está cumpliendo con los presupuestos que determina la ley del derecho a la información y del derecho de petición".

Méndez agregó que, "en ese sentido, se le hizo una nota a MarViva de que se iba a cumplir con tal presupuesto, la sala ha dicho que no es necesario esto y nos dice que tenemos que dar toda la información".

El ministro concluyó indicando que serán obedientes de lo que dispone la Sala Constitucional y procederán corresponde el derecho dentro de los parámetros que establece la ley.

Proyecto detenido

El proyecto de investigación en cuestión, el cual en principio pretende evaluar la sostenibilidad de la pesca de arrastre en aguas costarricenses, se encuentra detenido por una medida cautelar interpuesta por MarViva.

“La Sala Constitucional nos da la razón y coincide en que la información utilizada por el Incopesca para fundamentar el informe de avances de la investigación sobre pesca de arrastre es información de evidente interés público y no hay motivo alguno por el cual debería ser de acceso restringido. Mucho menos, considerando que lo que solicitamos son datos que ya tendrían que haber sido procesados y analizados por Incopesca, debido a que fueron utilizados para fundamentar, en su informe de avances, que la investigación demuestra resultados favorables.

"Esta sentencia evidencia que la trasparencia y el acceso a la información pública son pilares de la democracia costarricense. Insistimos en que la transparencia, el acceso a la información y la participación oportuna del público, son elementos indispensables para avanzar hacia una buena gobernanza de nuestro océano y sus recursos”, manifestó Katherine Arroyo Arce, directora ejecutiva de Fundación MarViva.

Desde el 2022, MarViva aseguró que el estudio tiene irregularidades, falta de solidez técnica, vicios en el desarrollo del mismo y la afectación al ambiente que podría causar daños irreparables y violentarían el derecho constitucional consagrado en el artículo 50 de la Constitución, que señala el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado que poseen todas las personas.

La Sala Constitucional ordenó al Incopesca a brindar la información solicitada en un plazo de 5 días hábiles.