Sala IV no pudo comprobar supuesta orden a ministros para no dar entrevistas

La Sala Constitucional no pudo comprobar la supuesta orden que habrían recibido los ministros del actual gobierno para no darle entrevistas a los espacios radiofónicos de Vilma Ibarra y Amelia Rueda.

La queja había sido planteada el pasado 14 de julio por Ibarra, directora del programa “Hablando Claro” y quien también denunció una aparente directriz de la entonces ministra de Comunicación, Patricia Navarro, para no pautar en los medios Amelia Rueda, CRHoy, La Nación y Canal 7.

Los magistrados aseguraron que si bien esa directriz, supuestamente enviada a los ministros vía WhatsApp, no podía probarse como cierta, sí está claro que tanto Navarro como el director de prensa de Casa Presidencial, Armando Gómez, fueron omisos en la respuesta que le dieron a la periodista cuando esta pidió conocer el contenido de supuesta directriz.

“En consecuencia, se ordena a Patricia Navarro Molina y Armando Gómez Ordoñez, por su orden Ministra de Comunicación y Director de Prensa de la Presidencia de la República, o a quienes en su lugar ejerzan dichos cargos, que adopten las medidas adecuadas y necesarias para que, en el plazo máximo de cinco días contados a partir de la notificación de esta sentencia, se brinde respuesta a la gestión planteada por la amparada el 14 de julio de 2022”, cita la resolución.

Así la cosas, la Sala declaró el recurso de Ibarra parcialmente con lugar, pues no comprueba la orden pero sí le ordena a los funcionarios públicos dar la respuesta que la comunicadora pedía.

Los magistrados sí dejaron claro a las autoridades de Gobierno que no tolerarán cualquier práctica que busque obstaculizar el acceso a la información o que promuevan algún nivel de censura.

“Las prácticas que obstaculizan el acceso a la información, como lo es el impedir informar sobre determinados eventos o decisiones, rehusarse a brindar entrevistas a diversos medios de comunicación, no invitarlos a formar parte de conferencias o ruedas de prensa, limitarles la publicidad, impedir el acceso a insumos necesarios para la divulgación, entre otras variables relacionadas con la censura directa o indirecta, no pueden ni deben ser avaladas por un Tribunal Constitucional”.

Además, le reiteró a las autoridades recurridas que “el gobierno y los tribunales deben permitir que se desarrolle un debate "desinhibido, robusto y abierto", lo que puede incluir expresiones cáusticas, vehementes y a veces ataques severos desagradables hacia el gobierno y los funcionarios públicos”.

Sobre el fallo, Ibarra dijo estar satisfecha, pues aseguró que aunque la resolución es parcial, esta representa un “espaldarazo” a las libertades de prensa y acceso a la afirmación.

“Es un espaldarazo contundente. La Sala IV es muy clara, le advierte el Poder Ejecutivo que va a ser vigilante y no va a aceptar prácticas que obstaculicen el acceso a la información o decisiones relacionadas a la censura directa o indirecta.

“Esta es una lucha que asumo como una responsabilidad llegando al final de mi carrera, por lo menos en esta etapa y de esta forma. Tengo una obligación clara con mi oficio y con los colegas que vienen detrás, por eso me voy satisfecha”, finalizó.