Por Paulo Villalobos 2 de octubre de 2025, 16:26 PM

El abandono del relleno sanitario "Los Pinos", en Dulce Nombre de Cartago, así como los problemas ambientales derivados de este, motivaron una condena contra el Estado.

Mediante resolución 2025-023963, la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso planteado por un ciudadano de apellido Guillén, quien alegó que la situación actual del vertedero lo convierte "en una verdadera bomba de tiempo" que afectará de forma irreparable el medio ambiente, así como la salud pública.

El basurero a cielo abierto en cuestión, propiedad del gobierno local y que fue operado hasta 2018 por la empresa WPP, no recibe ningún tipo de tratamiento desde que se dio por concluido el contrato entre las partes.

A esto hay que añadirle que, desde 2019, el Tribunal Ambiental Administrativo le ordenó al gobierno local tomar medidas urgentes de mitigación en su terreno, como la mejora del sistema de recolección de lixiviados y del sistema para recolección, conducción y tratamiento de gases; así como realizar acciones para el manejo de aguas pluviales, para garantizar que no existan residuos sólidos sin cobertura, entre otras. Esa disposición cautelar no ha sido levantada.

También hay que sumar que mediante la orden sanitaria CARTA-MS-DRRSCE-DARSC-OS0020-2025, a inicios de este año, al municipio se le ordenaron una serie de medidas similares.

"Las cosas no han cambiado, por cuanto en una inspección de 14 de mayo de 2025 se comprobó la invasión de ganado en áreas del proyecto, la falta de mantenimiento de las áreas del proyecto, la existencia de residuos expuestos en celdas abandonadas del proyecto, la presencia de grietas en el terreno en área de la planta de tratamiento de lixiviados, la falta de mantenimiento en caminos internos y canales perimetrales del proyecto, así como la falta de operación y de mantenimiento en el sistema de tratamiento de lixiviados del proyecto", indicó el Alto Tribunal en la sentencia a la que Teletica.com tuvo acceso.

Sobre el particular, el alcalde de Cartago, Mario Redondo, apuntó en su descargo que a la municipalidad no le corresponde atender este tipo de disposiciones, en virtud de una conciliación que se suscribió en su momento con WPP.

Pero para los magistrados, la justificación dada "no es de recibo".

Consultado por este medio, el gobernante local insistió en que no comprende la resolución, en el tanto que existen determinaciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) que apuntan las obligaciones que mantiene la compañía.

"Me parece que hace mal la Sala Constitucional, desde un escritorio, resolver tan fácilmente sobre detalles que definitivamente requieren de otro tipo de abordaje. Particularmente, profundizar, apersonarse a donde se dan los acontecimientos.

"No obstante eso, pues en respecto a la institucionalidad, vamos a coordinar con el Ministerio de Salud y tratar de hacer lo propio: pedirle a la empresa que cumpla con las obligaciones de cierre técnico de este vertedero y cumpliendo con las mismas, pues se pueda dar atención a los requerimientos de la población", indicó Redondo.

Valga recordar que, quien incumpla una orden de este tipo, se expone a penas que van de los 3 meses a los 2 años de cárcel o de 20 a 60 días multa.

Al respecto, la gerente general de WPP, Olga Marta Arias, señaló a Teletica.com que el grupo empresarial no tiene ninguna posición al respecto, en el tanto este no formaba parte del expediente 25-011952-0007-CO.

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