Sala III cuestiona paquete de seguridad del Gobierno: “Mucho ya está legislado”
El Ejecutivo presentó seis iniciativas para enfrentar la criminalidad, con cambios en antecedentes judiciales, persecución penal, legítima defensa y combate al crimen organizado.
Como parte de su estrategia de seguridad, el Gobierno de Laura Fernández presentó esta semana seis proyectos de ley con cambios que van desde endurecer sanciones por resistirse a policías y perseguir organizaciones criminales, hasta modificar reglas penitenciarias y registros judiciales.
Sin embargo, la presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano, cuestiona el alcance de varias de estas iniciativas y señala que algunos de los cambios propuestos ya existen dentro de la legislación vigente.
“En realidad, mucho de lo que están presentando ya está legislado”, afirmó la magistrada ante consultas de este medio.
Uno de los proyectos señalados es la Ley para la Seguridad Nacional, Registral y de Archivos Judiciales, expediente 25.619, que plantea cambios en la forma en que se conservan y consultan los antecedentes penales.
La iniciativa propone modificar la Ley de Registro y Archivos Judiciales para establecer distintos niveles de conservación de la información.
Uno de los cambios plantea que las condenas penales permanezcan de forma permanente para consulta de jueces y autoridades encargadas de la ejecución de la pena. Además, establece que esos antecedentes sean considerados antes de otorgar beneficios procesales, carcelarios o penitenciarios.
El proyecto también propone mantener registros permanentes en bases de datos internas para consultas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y cuerpos policiales con fines investigativos.
El tercer cambio está relacionado con la hoja de delincuencia utilizada para fines laborales. La propuesta plantea que los antecedentes permanezcan visibles durante 15 años después de que una persona cumpla su condena.
Actualmente, la Ley de Registro y Archivos Judiciales establece diferentes plazos para cancelar antecedentes dependiendo de la pena impuesta y la naturaleza del delito.
La observación de Solano es que este debate ya había sido abordado por el sistema jurídico. La magistrada recuerda que los cambios en esta materia han generado discusiones sobre los plazos de cancelación de antecedentes y la forma en que esa información puede ser valorada por las autoridades.
Para la magistarda, el punto central es que ampliar o modificar estos registros no necesariamente representa una nueva herramienta, porque el sistema ya cuenta con mecanismos para que jueces y autoridades tengan acceso a información relevante.
Una posición similar plantea con el proyecto relacionado con asociaciones criminales.
La iniciativa busca fortalecer la persecución de estructuras delictivas, pero Solano señala que el Código Penal ya contempla figuras como la asociación ilícita para sancionar este tipo de conductas.
Sin embargo, la crítica más fuerte la dirige al proyecto conocido como “Ley Gerson”, relacionado con la legítima defensa y el uso de la fuerza por parte de policías y agentes de seguridad privada. La magistrada advierte que la legítima defensa no puede aplicarse de forma automática y que debe analizarse bajo un principio fundamental: la proporcionalidad.
"La defensa tiene que ser proporcional al peligro que usted tenga. No es simplemente decir: me defendí”, señaló.
Para Solano, cualquier reforma debe mantener la valoración de cada caso concreto, ya que corresponde a los jueces determinar si una actuación estuvo dentro de los límites de la legítima defensa o si existió un exceso.
