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La Sala Constitucional ordenó al Ministerio de Agricultura y Ganadería realizar un estudio científico que determine los efectos de los agroquímicos en la salud, el ambiente y las abejas productoras de miel.

La sentencia, votada por unanimidad el pasado viernes, le da al ministerio un año para que, en coordinación con el Servicio Fitosanitario del Estado, el Laboratorio de Fitopatología y Biocontroladores de la Escuela de Agronomía del TEC y la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la UCR, presente ese informe.

“Este Tribunal ha reconocido el riesgo que puede entrañar el uso de los plaguicidas y la trascendencia de adoptar medidas idóneas para regular su empleo. 

"En el ordenamiento jurídico costarricense existe diversa normativa legal y reglamentaria de la que se deriva que la actividad de importación, fabricación, comercialización y empleo de los plaguicidas está fuertemente sometida a la potestad de policía del Estado, en aras de garantizar el derecho a la salud y al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, dice la resolución.

La sentencia añade que de encontrarse riesgos o daños graves en la salud, la biodiversidad o el ambiente (incluidas las abejas) el MAG deberá adoptar las medidas correspondientes para “resguardar esos bienes constitucionales”.

La sentencia se originó a partir de un recurso de amparo planteado por el diputado José María Villalta del Frente Amplio, quien acudió a la Sala luego de que el ministerio le rechazara las gestiones formuladas contra el uso de neonicotinoides en los agroquímicos.