Por Paulo Villalobos 25 de noviembre de 2025, 11:37 AM

Como parte de la estrategia desplegada tras su detención, el 23 de junio pasado, en favor del abogado Celso Gamboa fue planteada una docena de recursos ante la Sala Constitucional.

Entre las gestiones destacan figuras de todo tipo y en todas las calidades posibles: tanto amparos (con el que se alega una violación de derechos por actos u omisiones de una autoridad pública), como habeas corpus (que protege a una persona de actos u omisiones de una autoridad pública, de detenciones e incomunicaciones ilegítimas) y hasta una acción de inconstitucionalidad (con el que se solicita se declare una ley, reglamento, acto, omisión o disposición como contraria a la Constitución Política).

Sin embargo, ninguno de estos planteamientos surtió un efecto favorable para el exmagistrado y exministro de Seguridad Pública, contra quien pesa una solicitud de extradición a Estados Unidos por presunto tráfico internacional de drogas.

Así se desprende de una solicitud de información realizada por Teletica.com a la oficina de prensa de la Sala Constitucional, así como mediante una verificación efectuada a través del Sistema de Gestión en Línea de la Corte Suprema de Justicia.

"Hemos presentado alrededor de 10 recursos entre recursos de amparo y recursos de habeas corpus. Pero hay que aclarar un punto: estos recursos fueron direccionados no hacia la extradición, sino hacia la protección de los derechos fundamentales de Celso mientras se ha encontrado descontando una detención provisional en el Centro de Atención de Máxima Seguridad.

"Estos recursos fueron declarados sin lugar. Indicaron que, lo que es básicamente por el fondo, que la competencia de la administración penitenciaria no es resorte de la Sala Constitucional, que es un tema de resorte del juez de Ejecución de la Pena", explicó en entrevista con este medio el abogado del también exfiscal, Michael Castillo.

Valga recordar que, desde que fue capturado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Gamboa descuenta una detención provisional hasta que se efectúe su entrega al gigante norteamericano. La remisión del exmagistrado fue avalada el 7 de octubre anterior por el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José.

No obstante, el exministro impugnó y aún debe resolverse su recurso en el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José. En ese tanto, el exfiscal deberá presentarse el próximo miércoles a una audiencia pública para explicar, junto a quienes lo representan, los motivos por los que piensa que debe anularse su envío a Estados Unidos.

"Vacío"

Para la defensa técnica de Celso Gamboa, las resoluciones del Alto Tribunal dejan al exmagistrado y exministro en una situación en la que no puede exigir el respeto de sus derechos.

Tal situación fue la que motivó al jurista Michael Castillo y su colega Natalia Gamboa a emprender un proceso en estrados internacionales.

"Nos deja un vacío porque en el caso particular de Celso, él no podría asistir ante el juez de Ejecución de la Pena porque no es una persona sentenciada, pero tampoco le permiten que acuda ante la Sala Constitucional, porque la Sala dice que esto es conocimiento del juez de Ejecución. Entonces, al existir ese vacío, hemos presentado también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la solicitud de aplicación de medidas cautelares en protección de los derechos fundamentales de Celso. Es una situación que está en análisis por parte de la Comisión, al día de hoy tampoco se ha resuelto.

"Le han hecho requerimientos de informes a la defensa. Le han hecho prevención de requerimiento de informes al centro penal. Ambas situaciones ya fueron contestadas por las dos partes. Estamos a la espera de que la Comisión simplemente resuelva si aplican o no las medidas cautelares. Esa fue básicamente la finalidad de nosotros, que se le impongan medidas cautelares en protección de los derechos fundamentales de don Celso, que hemos mantenido que durante los últimos cinco meses se han cercenado y se han violentado infinidad de derechos no solamente constitucionales sino que también derechos humanos", comentó Castillo.

Específicamente, la representación de Gamboa alega supuestos "actos crueles y denigrantes" que sufren los reclusos del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero (más conocido como "La Reforma") en su Circuito de Alta Contención y Máxima Seguridad. Los mismos tienen que ver con las fuertes restricciones impuestas este año por el Ministerio de Justicia y Paz (MJP), en cuanto a visitas, recepción de encomiendas, llamadas, entre otros aspectos.

La defensa del exfiscal de momento descarta la presentación de nuevas gestiones ante la Sala Constitucional, en el tanto que ya conocen la posición de los magistrados y, aunque no es compartida, sí es respetada por Castillo y Gamboa.

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