Por Juan José Herrera |12 de marzo de 2021, 13:30 PM

Rubén Hernández aseguró, este viernes, que los que salen atacar a los defensores de la reforma al empleo público son aquellos que defienden sus propios intereses.

Lo hizo luego de que el presidente de Corte Suprema de Justicia y magistrado de la Sala Constitucional, Fernando Cruz, lo acusara de ser el ideólogo de la reforma al darle su voz a los diputados para legitimar su pretensión o visión constitucional respecto al proyecto.

“Entonces sí cumple una función importante (Hernández), respeto su opinión y punto de vista, pero sí había que crear en esta estrategia de medios de comunicación una voz que pudiera contrarrestar los precedentes de la Sala y la decisión de la Sala que los jueces no pueden estar discutiendo. Don Rubén es como un juez en el exilio”, dijo hoy Cruz.

“Lo que pasa es que no estoy defendiendo a nadie, ni a ningún privilegio salarial, no defiendo a ninguna clase; en cambio vea ellos, los que salen ahí a atacar, están defendiendo sus intereses personales, sus futuras pensiones, sus salarios, sus pluses… Eso es muy evidente, que la posición de ellos es radicalmente diferente a la mía, yo estoy actuando como un ciudadano defendiendo la Constitución”, aseguró el abogado, una de las voces más respetadas del derecho constitucional en el país.

“Yo simplemente lo que hago es dar opiniones como ciudadano, siento la obligación de que si están haciendo las cosas mal, si se están diciendo cosas que no están en la Constitución, creo que tengo el deber como instructor del derecho constitucional, pero sobre todo como ciudadano, de tratar encausar la discusión por donde es”, añadió.

Hernández aseguró que comprende la posición de Cruz, pues este defiende una visión “totalmente estatista”.

“Fernando es mi amigo, fue mi compañero de universidad y se graduó conmigo y todo, lo que pasa es que él es totalmente ideológico, es totalmente estatista. Fernando inclusive cree que todos los servicios públicos tienen que estar en manos del Estado, que es una herejía que los servicios públicos sean prestados por particulares. Su visión es todo dentro del Estado y nada fuera”, añadió.

El experto aseguró que, desde su óptica, la reforma sí pasará el filtro constitucional siempre y cuando la rectoría del empleo público vuelva al Ministerio de Planificación y se vuelvan a incluir las universidades y las municipalidades dentro de la aplicación de la ley, pues de lo contrario sí habría vicios insalvables.

La reforma volverá esta próxima semana al Plenario para discutir mociones de revisión y reiteración y, antes de que acabe marzo, ser votada en primer debate para luego ser revisada por los magistrados.