Por Juan José Herrera |6 de enero de 2023, 9:42 AM

A finales de mayo próximo, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) podrá cobrarles a los ciudadanos $10.71 (₡6.401 al tipo de cambio actual) por la reposición de su cédula de identidad, algo que actualmente es gratuito.

Ese cobro aplicará para todas aquellas personas que soliciten dos o más de esos plásticos en un mismo año calendario, según quedó establecido en la Ley 10.243 aprobada en abril pasado.

La norma, que exime de ese pago a personas con discapacidad, adultos mayores, población indígena y privados de libertad, sería efectiva para cualquier solicitud, ya sea por deterioro, extravío, robo o hurto.

Las autoridades solo están a la espera de que se publique el reglamento para su implementación, un proceso que deberá estar concluido antes del venidero 24 de mayo.

El TSE asegura que ya tiene adelantado ese documento; sin embargo, aún trabaja en aspectos técnicos y en el apartado de las excepciones.  

“Ya se hizo un trabajo técnico para ver con quién iríamos a cobrar ese monto, que sería el Banco de Costa Rica; no obstante, existen algunas cosas pendientes.

“Ha avanzado el reglamento, pero todavía la comisión no ha rendido el producto final y falta también conversaciones con el BCR sobre la integración de los sistemas nuestros con los del banco”, precisó Luis Bolaños, director del Registro Civil.

Por ejemplo, la comisión técnica que prepara ese reglamento ya discutió la necesidad de incluir dentro de esas salvedades a las personas en condición de pobreza o aquellas que presenten cambios en los datos registrados.

“Estamos agregando todo el tema de cambio de datos registrados, como aquellos que cambien su nombre por identidad de género. A ellos no se les va a poder cobrar si fuera la segunda cédula porque están cambiando sus datos, lo mismo con cualquier otro dato como por ejemplo que una persona sea reconocida por su padre y cambie la filiación, ese tendría que ser un documento nuevo que se emite sin costo”, añadió.

También, deberá afinarse las condiciones en términos de robos o hurtos.

“El robo o el hurto se justificaría con denuncias ante las autoridades correspondientes, son situaciones que se salen del buen cuido al documento”, afirmó el director.

¿Por qué?

La justificación de este cobro, que fue presentado a los diputados de la Asamblea Legislativa por el propio TSE, se explica por el elevado costo que implica la confección de cada cédula y el uso abusivo que muchos ciudadanos le dan a este derecho.

Por ejemplo, solo en el 2022 el Tribunal recibió 554.899 solicitudes de reposición, de las cuales se estima que 33.926 entrarían en la lista de cobrables según los parámetros actuales de la ley.

Esa cifra, si bien representa apenas un 6,11% del total de cédulas emitidas el año pasado, se traduce en $363.347 (poco menos de ₡219 millones al tipo de cambio actual).  

“Es una ley sencilla, es decirle al sistema que cuando una persona llegue a solicitar su cédula y ya haya solicitado dos o más en un mismo año calendario no lo deje tramitarla, entonces para poder hacerlo o es una excepción o tiene que pagar, es así de sencilla”, dijo Bolaños.

Para esa verificación, el Tribunal dispondrá de una ventanilla donde se podrá hacer la validación de cualquier situación especial, esto en su sede central, mientras que en las regionales esa valoración recaerá en las jefaturas.

El director explicó que, si bien el cobro podría arrancar el 24 de mayo próximo, la ley no obliga al TSE a empezar a cobrar en esa fecha, por lo que si bien esperan hacerlo en tiempo, la implementación podría demorar algún tiempo adicional.

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