Reforma a Ley de Usura no garantiza mayor acceso a créditos formales, advierte OCF
El historial crediticio, la capacidad de pago, el nivel de ingresos y el perfil de riesgo continúan siendo determinantes para que una entidad financiera apruebe o rechace una solicitud.
La reforma a la Ley de Usura que se presentó en la corriente legislativa pretende modificar la forma en que se calculan las tasas máximas de interés, con la intención de ampliar el acceso al crédito formal y reducir la dependencia de mecanismos informales de financiamiento.
Sin embargo, para la Oficina del Consumidor Financiero, el cambio propuesto no garantiza que las personas excluidas del sistema financiero puedan acceder a un préstamo bancario o a otras opciones de crédito reguladas.
Según señaló la entidad, los topes de interés son apenas uno de los elementos que influyen en la colocación de créditos. Factores como el historial crediticio, la capacidad de pago, el nivel de ingresos y el perfil de riesgo continúan siendo determinantes para que una entidad financiera apruebe o rechace una solicitud.
Más controles para quienes prestan dinero
La iniciativa también incorpora nuevas herramientas de supervisión para las personas y empresas que se dedican al otorgamiento habitual de créditos sin realizar intermediación financiera.
De aprobarse el proyecto, estos oferentes deberán registrarse ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y suministrar información sobre sus operaciones.
Además, el texto establece sanciones para quienes otorguen préstamos sin cumplir con el registro correspondiente.
Según el proyecto, ofrecer crédito de manera habitual sin estar inscrito ante la Sugef podría implicar multas de entre 10 y 150 salarios base.
El desafío va más allá de las tasas
Para la Oficina del Consumidor Financiero, el principal problema sigue siendo la exclusión financiera que enfrentan miles de personas que no logran cumplir con los requisitos exigidos por el sistema formal.
Esto explica, en parte, el crecimiento de alternativas como los préstamos informales o los llamados créditos "gota a gota", que suelen ofrecer acceso rápido al dinero, pero con condiciones que pueden derivar en sobreendeudamiento, amenazas o extorsiones.
Según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, los hogares de menores ingresos y aquellos con jefatura femenina registraron la mayor contracción en el acceso al crédito formal entre 2018 y 2024.
