Recope defiende rentabilidad de terminal pese a cuestionamientos de Contraloría
El ente contralor ordenó detener de inmediato el millonario proyecto pues este, entre otras, conllevaría un aumento en los combustibles. La refinadora insiste en que no es así.
En un breve comunicado de prensa, la Refinadora Costarricense de Petróleo defendió la rentabilidad del proyecto de la Terminal Pacífico, que pretende la construcción de un muelle flotante en Caldera para la importación, almacenamiento y distribución de combustibles en esa costa del país.
Lo hizo horas después de que la Contraloría General le ordenara anular de inmediato el acuerdo de junta directiva en el que se aprobó el estudio de factibilidad, así como eliminar con carácter urgente la licitación pública presentada en abril anterior para el proyecto, esto debido a los “vicios esenciales y sustanciales de nulidad absoluta” que presenta, incluida la omisión total de una evaluación del costo-beneficio.
“De momento no se emitirá criterio por cuanto el documento será analizado, para elaborar la respuesta siguiendo el procedimiento que corresponde, dentro del plazo que la ley confiere a los entes sujetos de este tipo de acciones de control.
“El proyecto Terminal Pacífico responde al mandato legal que tiene Recope de garantizar la seguridad energética del país. El mismo se viene madurando desde hace muchos años y cuenta con estudios económicos y ambientales rigurosos para asegurar la factibilidad del proyecto”, dijo la institución.
La Contraloría señaló que ambas órdenes se dan “en resguardo de la Hacienda Pública y de forma oportuna en esta etapa tan determinante del proyecto”, pues según su análisis, la construcción de la terminal conllevaría un aumento en las tarifas de los combustibles.
La inversión estimada del proyecto es de $234 millones, de los cuales un 42% los aportaría Recope y el restante 58% saldrían del financiamiento bancario.
El ente contralor aseguró que dentro de los “vicios esenciales y sustanciales de nulidad absoluta” encontrados, está que se omitió la evaluación del costo-beneficio del proyecto, lo que significa que se promovió una licitación pública sin existir garantía razonable sobre su rentabilidad.
Además, acusa que el proyecto haría imposible que la refinadora cumpla con la regla fiscal, un mecanismo incluido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que pone un límite al gasto en las instituciones del Estado.
Recope aseguró que, una vez analizado el informe, se pronunciaría al respecto.