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Este viernes desde tempranas horas de la mañana la Fiscalía General de la República realiza 10 allanamientos por el polémico caso de la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), las diligencias se llevan a cabo en Casa Presidencial, Mideplan y en cuatro viviendas, en una investigación que se sigue contra ocho personas.

Los investigados son el presidente de la República Carlos Alvarado, el ministro de la Presidencia Víctor Morales Mora, el viceministro de Planificación Daniel Soto Castro; Diego Fernández Montero, Alejandro Madrigal Rivas y Andrés Villalobos Villalobos son las personas que trabajan en la Unidad de Análisis. Además de Luis Fernando Salazar Muñoz quien fue el abogado que revisó el decreto y Felly Salas Hernández quien es la directora de despacho del presidente Alvarado.

El presidente Alvarado, el ministro Morales y el viceministro Soto fueron los responsables de firmar el decreto.

Fernández, Madrigal y Villalobos son los asesores de datos de la Presidencia de la República y, en apariencia, conformaron una unidad gubernamental para compilar y analizar datos para la supuesta ejecución de políticas públicas, al parecer, sin ningún respaldo legal, informó el Ministerio Público a través de un comunicado de prensa.

De acuerdo con la investigación, desde mayo de 2018 y hasta octubre de 2019 los asesores presidenciales se desempeñaron como personas cercanas y apoyaban con datos al presidente Alvarado, en apariencia, comenzaron a conformar desde ese momento una unidad gubernamental para compilar y analizar datos.

La Fiscalía presume que entre las labores de este grupo se había ordena pedir datos sensibles de los ciudadanos a diferentes instituciones y se cree que el Presidente tenía total conocimiento de esto.

Tanto Alvarado como Mora y Soto, emitieron un decreto para que se continuara desarrollando esta actividad a pesar de que presuntamente conocían que infringían la ley; el decreto fue firmado el 17 de febrero, pero días después fue derogado por el Presidente.

Todas estas personas están siendo investigadas por presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.