“Quemar” infieles en base de datos es un delito, advierten abogados

La exposición de infieles en las bases de datos, como la del Registro Nacional de Infieles (RNI), constituye delito.

A esa conclusión llegaron dos abogados consultados de forma separada por Teletica.com.

"Desde un punto de vista jurídico, en el contexto del ordenamiento jurídico costarricense, aquí hay varios frentes que indudablemente nos llaman la atención de manera urgente. Una es, por supuesto, el tema de protección de datos personales, que me parece que es el más esencial, la protección de los derechos de la personalidad de las personas involucradas y sobre todo afectadas por esta difusión de información, eventuales responsabilidades penales y civiles, por supuesto, y también una responsabilidad administrativa.

"En principio, la ley 8.668 que nos rige, la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, señala con toda claridad que los datos relativos a la vida sexual de una persona, a la esfera íntima de esta persona, son datos sensibles, y el tratamiento de datos sensibles está prohibido, salvo que haya consentimiento expreso, consentimiento además informado y por escrito de las personas involucradas. En este caso, revisando este banco de datos es evidente que ese consentimiento de las personas afectadas no está, o por lo menos, no hay un sector en la página donde se pueda verificar", subrayó el jurista Alfredo Chirino.

El experto en Derecho recordó que, el simple hecho de señalar a una persona como infiel puede derivar en una difamación, producto de un daño al honor y la imagen de la persona afectada.

Pero, además, indicó que el artículo 196 bis del Código Penal sanciona la divulgación de datos personales sin autorización. Ello sin considerar otros ilícitos que puedan cometerse, según cómo se haya extraído la información, como por ejemplo, a través del cyberhacking, grooming o accesos no solicitados a bancos de datos públicos o privados.

Por su parte, su colega, Adalid Medrano, indicó:

"Si quienes manejan la plataforma se benefician de cualquier manera con estos sitios web —ya sea a nivel publicitario o mediante cualquier otro tipo de beneficio económico— de acuerdo con nuestra legislación, se exponen a penas de uno a tres años de prisión".

Asimismo, mencionó que quienes ingresan la información a la base de datos también se exponen a sanciones penales. Si lo hacen para beneficiarse de alguna forma, pueden incurrir en una presunta violación de datos personales. Y si lesionan el honor ajeno, esta puede tipificarse como una difamación.

Este abogado hizo énfasis en que, dado que usualmente los administradores de este tipo de sitios viven fuera del país, la investigación y persecución de este tipo de delitos se dificultan.

Otras consecuencias

Pero los administradores de un sitio de ese tipo, o quienes ingresen información sensible a estos, corren aún más riesgos.

Alfredo Chirino señaló, por ejemplo, eventual responsabilidad civil pecuniaria, así como multas o sanciones administrativas por parte de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab).

"Es decir, la persona responsable de esto se está enfrentando, digamos, a consecuencias sumamente graves, y me parece que una de las cuestiones más inmediatas que sucedería no solo es el cierre del banco de datos, sino exponerse a penas de prisión, a responsabilidad civil pecuniaria, y probablemente multas y sanciones que podrían ser establecidas por parte de la Agencia de Protección de Datos", apuntó el abogado.

Adalid Medrano, en cambio, enfatizó en que los afectados pueden exigir que sus datos sean suprimidos o que cese la publicación de ese tipo de informaciones.

Una alternativa es que utilicen los procedimientos ofrecidos por la propia organización a cargo de la página, aunque ello dependerá de si se cumplen o no sus criterios de revisión.

"Es importante recordar que estas plataformas deben cumplir tanto con la legislación vigente del país donde alojan sus contenidos como con las políticas del proveedor de servicios de hosting. Por ello, siempre es relevante analizar si el contenido publicado viola las leyes aplicables, ya que esto podría abrir la puerta para remover los contenidos. Ante esta situación, es fundamental que las víctimas busquen asesoría legal especializada en la materia para analizar las opciones disponibles en cada caso concreto.

"Si bien se trata de un escenario complejo, esto no significa que las personas afectadas carezcan completamente de soluciones o mecanismos de defensa legal", enfatizó el jurista.

Otra opción dada por Chirino es la interposición de un habeas data ante Sala Constitucional.

Esta es una suerte de amparo especializado, donde se pide la eliminación inmediatamente de la información referida y que se establezcan medidas correctivas.