¿Qué pasa con los ingresos y negocios del sospechoso de asesinar a tiktoker nicaragüense?

El caso del homicidio de la tiktoker nicaragüense Junieysis Merlo Espinoza plantea una interrogante que va más allá del proceso penal.

Las autoridades confirmaron que el principal sospechoso del crimen es su expareja sentimental, un hombre de apellido Ramírez, de 57 años y quien descuenta un año de prisión preventiva.

El sujeto tiene negocios y alquila apartamentos en Santa Ana, justamente en la misma propiedad donde fue encontrado el cuerpo de la víctima.

¿Qué pasa entonces con esos ingresos lícitos de una persona detenida y cuáles son las obligaciones para con las personas que alquilan sus propiedades?

El abogado especialista en Derecho Financiero, Osvaldo Madrigal, explicó a Teletica.com que la legislación costarricense es clara en separar dos escenarios: la detención preventiva y una eventual condena en firme.

“Por el hecho de que una persona sea detenida, o incluso sentenciada, no hay una pérdida automática de sus bienes o ingresos”, aclaró.

“Él puede seguir recibiendo sus ingresos, puede seguir alquilando sus propiedades. No existe una figura automática que permita al Estado despojarlo de sus bienes solo por estar detenido”, detalló.

Esto también aplica para las cuentas bancarias: pueden mantenerse abiertas y operativas, siempre que no exista una orden judicial que dicte lo contrario o se demuestre que los fondos provienen de actividades ilícitas.

En cuanto a las obligaciones de terceros, Madrigal también fue claro en que estas se mantienen intactas, es decir, los inquilinos deben continuar pagando sus alquileres pese a la situación judicial que enfrenta su arrendatario.

“Las obligaciones de esta persona, tanto hacia esta persona como de ella hacia terceros, en el caso de que tuviera creadores, se mantienen. El hecho de que una persona esté privada de libertad no suspende el cumplimiento de contratos”, añadió el experto.

Eso sí, en términos operativos, Madrigal aclaró que el manejo de estos negocios podría requerir representantes o apoderados, dado que la persona se encuentra en prisión y eso complica cualquier operación.

¿Qué pasa en caso de una sentencia en firme o reclamos paralelos?

El panorama cambia si avanzan procesos judiciales paralelos. Madrigal explicó que existe la posibilidad de que familiares de la víctima u otras personas afectadas interpongan una acción civil resarcitoria con el fin de reclamar indemnizaciones por presuntos daños.

En esos casos, un juez podría ordenar medidas cautelares como el embargo preventivo de bienes o cuentas.

“El objetivo es garantizar que, si hay una condena al pago de daños y perjuicios, existan bienes que respondan por esa obligación”, señaló.

Además, si durante el proceso se demuestra que los bienes o ingresos provienen directamente de actividades ilícitas, podría aplicarse la figura del comiso, mediante la cual el Estado puede apropiarse de esos activos, previa resolución judicial.

El experto indicó que, sin importar el escenario y en ausencia de medidas específicas que dicten lo contrario, una persona privada de libertad puede mantener sus cuentas y operaciones bancarias siempre y cuando no infrinja los términos y condiciones previamente establecidos por esa entidad.

“Los bancos no cierran cuentas automáticamente. Debe existir una justificación o una orden judicial. Incluso hay jurisprudencia que protege el acceso al sistema financiero”, finalizó Madrigal.