Por Paulo Villalobos |26 de mayo de 2025, 9:30 AM

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) realizó inspecciones en el nuevo Circuito de Alta Contención, en el Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero, en San Rafael de Alajuela.

Lo anterior con el objetivo de analizar los espacios en los cuales el Ministerio de Justicia y Paz (MJP) envió a los 1.500 privados de libertad que considera los más peligrosos del país.

También se estudiaron las circulares y directrices emitidas en el marco de esa reconversión; mismas que, a criterio del órgano que vigila el trato dado a reclusos, contradicen lo dispuesto en el Reglamento del Sistema Penitenciario.

Esto en el tanto que se ordenó reducir la periodicidad de visitas de familiares, el ingreso de hijos, la recepción de encomienda, el acceso a la información, entre otros.

Además, se suspendieron los procesos de atención grupal, incluidas las actividades educativas, ocupacionales, religiosas, deportivas, entre otras, sin que ello tenga sustento en alguna directriz o circular formal.

Dichas medidas restrictivas limitan el fin resocializador de la pena, pues no toman en consideración el progreso de algunos de los  reos a lo largo de su sentencia. En ese sentido, se indica que las determinaciones tomadas más bien no buscan evitar la reincidencia y promoción de una adecuada inserción ocupacional, educativa y social tras la cárcel.

Sin embargo, el pronunciamiento del Mecanismo de Prevención de la Tortura hace un particular énfasis en la ausencia de criterios profesionales que justifiquen los traslados de privados.

El órgano identificó que, en los primeros movimientos de reclusos, no se tomó en cuenta el criterio de las direcciones de los centros penales del país, ni de los consejos interdisciplinarios. De hecho, no se ha identificado que estos últimos hayan sido utilizados una sola vez hasta la fecha, pese a que así lo establece el Reglamento del Sistema Penitenciario y la nueva circular.

De igual forma, se indica que, pese a que la administración sostiene que los reos traslados fueron seleccionados bajo criterios de seguridad, no existe constancia en expedientes administrativos de informes o documentos oficiales que argumenten, justifiquen o respalden sus reubicaciones.

Algunos casos tienen notas de traslado y medidas cautelares con información imprecisa, fundamentación en normativa derogada, así como con una inadecuada aplicación de criterios de la misma circular.

De ahí que para el Mecanismo de Prevención de la Tortura existe un riesgo de arbitrariedad en la selección de privados y su traslado masivo y abrupto al Circuito de Alta Contención.

A modo de ejemplo, se menciona que 69 personas fueron devueltas a módulos de menor contención al no contar con el perfil de ubicación, luego de ser revisados por oficiales de la Policía Penitenciario. No se descarta la existencia de más casos.

De igual manera, se detallan entrevistas en las que los reclusos aseguraron que fueron avisados con poco tiempo, lo que les impidió recoger sus pertenencias. Algunas de esas personas no conocen las razones de sus traslados, lo que afecta su derecho de información.

Para el Mecanismo de Prevención de la Tortura, si bien existen complejas estructuras de crimen organizado que constantemente se reinventan para cumplir sus fines delictivos y que requieren de abordajes especializados para su contención, estos no pueden debilitar las garantías procesales, el trato justo y equitativos de los privados de libertad.

De ahí que el órgano llamó al Ministerio de Justicia a fortalecer la ejecución de la pena con fines resocializadores. También urgió a que se mantenga una mirada "más allá de la prisión", en procura de la prevención, a través de la creación de políticas de inversión pública en zonas con mayor exclusión para evitar que los delitos se cometan, se repare a las víctimas y se promueva una cultura de paz y respeto.

Sobre el particular, Teletica.com solicitó una reacción del titular del ramo, Gerald Campos, desde el viernes anterior.

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