Por Luis Jiménez 22 de julio de 2026, 14:17 PM

El Ministerio de Justicia y Paz anunció este miércoles ocho medidas de acatamiento inmediato para reforzar el control en los centros penitenciarios del país. 

Una de ellas es la prohibición de visitas íntimas para personas civiles que mantengan este tipo de encuentros con más de un privado de libertad.

El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, informó que la decisión responde a situaciones detectadas por las autoridades penitenciarias.

"Se tiene identificado el caso de una persona que realizaba visitas íntimas hasta a cuatro privados de libertad, por lo que también ordeno iniciar procesos disciplinarios contra los funcionarios que permitieron esa práctica", dijo Aguilar.

Además, el jerarca anunció que quedan prohibidos los traslados de personas privadas de libertad desde el Centro de Atención Institucional Vilma Curling (cárcel de mujeres, conocida como Buen Pastor) hacia otros centros penales para sostener visitas íntimas. Explicó que la medida incluye cualquier traslado con ese propósito, incluidos casos entre personas privadas de libertad del mismo sexo.

Como parte de las acciones, Aguilar ordenó el retiro inmediato de todos los televisores de las celdas de los centros penitenciarios del país.

Asimismo, instruyó la reubicación inmediata de los privados de libertad considerados líderes de los ámbitos penitenciarios, conocidos en la jerga carcelaria como "jachudos", con el objetivo de trasladarlos a centros donde, según afirmó, no mantengan control o influencia sobre otros internos.

Otra de las disposiciones contempla la rotación de todos los directores de los centros penitenciarios, con el fin de evitar que permanezcan durante años en una misma cárcel.

"También ordeno la rotación y sustitución inmediata de los oficiales destacados en el ámbito de máxima seguridad del Centro de Atención Institucional La Reforma, en Alajuela", señaló Aguilar.

El ministro anunció que la Unidad de Inteligencia Penitenciaria, en coordinación con la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), analizará los estilos de vida, posibles enriquecimientos injustificados y conductas sospechosas de funcionarios penitenciarios. De detectarse irregularidades, aseguró que la información será remitida a las autoridades judiciales.

Aguilar agregó que los funcionarios, tanto técnicos como policiales y jefaturas, que sean sorprendidos introduciendo drogas, artículos ilícitos o colaborando con bandas criminales y resulten detenidos, serán recluidos en el Centro de Atención de Personas Privadas de Libertad de Máxima Seguridad (CACCO), al considerar que forman parte de organizaciones criminales.

"En las cárceles no mandan los jueces de ejecución de la pena, no manda la Defensoría de los Habitantes, no mandan las bandas criminales ni los funcionarios corruptos, en las cárceles manda el Gobierno y el Poder Ejecutivo, le guste a quien le guste", agregó el jerarca. 

Por su parte, la presidenta de la República, Laura Fernández, señaló que "la lucha del Gobierno contra el crimen organizado continuará" y manifestó que, en ese contexto, "quienes deben sentir temor son los narcotraficantes y los delincuentes".

Esta reforma será aprobada vía decreto y, según indicó el jerarca de Justicia, espera que quede vigente con la firma de la presidenta Fernández el próximo lunes.

A mediados de 2025, el Ministerio de Justicia había retirado televisores, hornos de microondas, sartenes y otros artículos de la cárcel La Reforma; sin embargo, una resolución judicial ordenó reinstalarlos.

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