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La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) se sumó este martes a la causa penal abierta por el Ministerio Público contra el presidente Carlos Alvarado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

En un comunicado de prensa, la entidad aseguró que lo hará en condición de víctima, lo que le permitirá aportar prueba y reclamar daños y perjuicios en caso de ser necesario.

“El apersonamiento en condición de víctima, le permite a la PEP participar en la investigación penal aportando pruebas y ejerciendo las acciones civiles que correspondan para reclamar los daños y perjuicios que se estimen pertinentes, en caso de que se configure un delito contra los Deberes de la Función Pública”, dijo el órgano.

Como parte del proceso, la Procuraduría le solicitó a la Fiscalía General copia completa del expediente penal abierto el día de hoy de oficio por el viaje de placer que Alvarado realizó el fin de semana a Guanacaste, junto a su familia y el ministro de enlace con el sector privado, André Garnier.

La investigación nace luego de las denuncias que se han hecho por el uso que el mandatario hizo de un helicóptero propiedad de una empresa donde Garnier es socio, así como la elección de un hotel de lujo que es propiedad de la familia del ministro.

El lunes en horas de la noche, Casa Presidencial defendió que todos los gastos fueron costeados por el propio mandatario.

Para respaldarlo, presentó facturas del hotel del domingo por la noche y correos electrónicos del día lunes, en donde se detalla el acuerdo para pagar los vuelos a partes iguales entre Garnier y Alvarado, más no se aportan facturas de estos.

Este martes Alvarado defendió que, si bien es un derecho de la Fiscalía emprender las investigaciones que considere oportunas, considera “un claro exceso” la apertura de este proceso pues no existe fundamento para investigarlo ni se está ante la presencia de “delito alguno”.

“Es un derecho de la Fiscalía emprender las investigaciones que estime pertinentes y lo respetamos. Pero el apego a la razón, a la lógica y a la ley deja absolutamente claro que aquí no hay delito alguno.

“Tenemos total confianza en que no hay fundamento alguno para esta investigación, que además es un claro exceso”, afirmó.

Esta es la quinta causa penal que tiene el mandatario abierta en su contra.