Procuraduría reclama ¢25 millones a Celso Gamboa y Juan Carlos Bolaños por daño social

La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) reclama ¢25 millones al exmagistrado y exministro de Seguridad Pública, Celso Gamboa, así como al empresario Juan Carlos Bolaños.

El despacho adelantó a Teletica.com el monto que exigirá le sea cancelado al Estado, como indemnización por el daño social provocado por los hechos por los que ambos enfrentarán un juicio ante el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública a partir del 13 de enero próximo.

La Procuraduría confirmó que presentó una querella (acusación privada) y una acción civil resarcitoria (medio para exigir el pago de los perjuicios provocados por un delito) en el expediente 17-000015-0033-PE, en el que además de Gamboa y Bolaños, figura un primo de este último, de apellido Rojas.

El monto reclamado, en caso de que así lo disponga el órgano jurisdiccional, deberá ser cancelado entre los imputados.

La sumaria en cuestión persigue los supuestos de cohecho propio (incluida la modalidad de penalidad del corruptor), tráfico de influencias, perjurio y falso testimonio.

Este es, ni más ni menos, el caso más escandaloso que se siguió contra exministro a nivel nacional, y que marcó un antes y un después en su carrera como funcionario público. Esto en el tanto que las actuaciones acusadas son las mismas que dieron pie a su destitución como magistrado y se relacionan con un viaje a Panamá que este, supuestamente, recibió como dádiva.

De acuerdo con la Unidad Especializada de la Fiscalía General, el boleto y hospedaje del exjerarca del 9 al 10 de octubre de 2016 fue pagado por la empresa importadora de cemento procedente de China, Grupo JCB.

El Ministerio Público sostiene que, a cambio, el exmagistrado evitó inhibirse de resolver una solicitud de desestimación en la sumaria 15-000022-0033-PE, que se seguía contra los exdiputados Otto Guevara, Víctor Morales y Wálter Céspedes (actual alcalde de Matina), así como Bolaños, por un aparente tráfico de influencias en favor de este último.

Los gastos del viaje de Gamboa fueron aparentemente pagados por Rojas, quien a su vez fungía como gerente general de su grupo económico.

Además, el expediente refiere a un hecho ocurrido el 18 de abril de 2017, cuando se cree que Gamboa, como integrante de la Sala de Casación Penal, dirigió y acompañó al empresario hasta un área exclusiva para personal de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).

Cuando llegaron al escritorio de la Coordinación Judicial, se sospecha que Bolaños solicitó que se le brindara una constancia de que no existían causas abiertas en su contra; gestión que fue realizada y, a criterio del Ministerio Público, el actuar del entonces magistrado dio una ventaja indebida al empresario.

La acusación apunta que el 24 de octubre de 2017, el exministro compareció ante una comisión investigadora de la Asamblea Legislativa y, supuestamente, faltó a la verdad pese a que estaba bajo juramento.

Una de las aparentes mentiras tenía que ver con la forma en la que obtuvo su viaje y hospedaje en Panamá, así como sobre sus contactos con Bolaños.

A este último, en cambio, se le achaca supuestamente haber faltado a la verdad durante una declaración bajo la fe del juramento, que rindió el 14 de diciembre del 2017 ante el órgano director de un proceso disciplinario que se le siguió a Gamboa, cuando este era magistrado.

Supuestamente, el empresario mintió sobre hechos que eran de su conocimiento, entre otros, acerca del tiempo que tenía de conocer al exjerarca y la frecuencia de sus comunicaciones; además, respecto de los motivos del viaje de este a Panamá, así como la forma de pago del tiquete y hospedaje.

Este medio procuró un comentario del abogado de Gamboa sobre los hechos acusados, pero este se limitó a indicar que tanto él, como su codefensora Natalia Gamboa, confían en que su cliente saldrá bien librado del proceso, como ya lo hizo en otros dos en los que fue absuelto.