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La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) presentó este jueves una querella y acción civil resarcitoria contra el exdiputado Víctor Morales Zapata y el empresario Juan Carlos Bolaños por el caso del “cementazo”.

A ambos se les acusa de los presuntos delitos de tráfico de influencias en la Comisión Nacional de Emergencias, Casa Presidencial y Banco Popular, así como aceptación de dádiva por parte de Bolaños a Morales Zapata por el uso de una casa vacacional.

Por ambos delitos, la Procuraduría está solicitando ₡70 millones por el “daño social derivado”.

“El siguiente paso en el proceso, es realizar las comunicaciones de las piezas interpuestas por la Procuraduría, recabar un peritaje por daño social, lo cual se realizará en la Fiscalía General, para luego remitir el expediente al Juzgado Penal de Hacienda para la realización de la Audiencia Preliminar, y decidir, en ese momento, si la causa penal se eleva a juicio, entre otros”, dijo la PEP.

La demanda resarcitoria llega un día después de que el Ministerio Público presentara la acusación formal contra Bolaños, Morales Zapata, Benito Coghi Morales (exdirector general de Aduanas) y Fernando Rodríguez Garro (exviceministro de Ingresos) por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado e influencia sobre la hacienda pública.

Casi cuatro años después de que se diera a conocer este escándalo por la compra e importación de cemento chino, la Fiscalía solicitó la apertura de un juicio.

Ahora el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública tendrá que fijar la fecha de la audiencia preliminar, donde se decidirá si se ordena o no un juicio oral y público.