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La Procuraduría de la Ética Pública estimó en casi ₡139 mil millones (₡138.950.467.697) el daño social por el caso conocido como Cementazo.

Por ese hecho, la entidad demandó al empresario Juan Carlos Bolaños y a otras ocho personas por el delito de influencia en contra de la Hacienda Pública.

En esa demanda aparecen la esposa de Bolaños, de apellidos Suárez Aguiar, así como personas de apellidos Gómez Barrantes, Bogantes Brenes, Rojas Segura, Delgada Negrini, Arias Silesky, Thompson Camacho y Cortés Zúñiga.  

De igual forma, se demandó civilmente a las empresas Inversiones e Inmobiliaria del Grupo JCB S. A, JCB Constructora y Alquiler S. A., JCB Distribuidora S. A. y Sinocem Costa Rica S. A.

La audiencia preliminar se realiza este jueves en los Tribunales de Goicoechea y se encuentra señalada para extenderse por tres meses.

La intención de la Fiscalía es que el caso llegue a juicio.