Privados de libertad presentan recursos de amparo por cierre de pulperías en cárceles
El primer recurso fue interpuesto el pasado 3 de diciembre de 2024.
El cierre de las pulperías o comisariatos en los centros penitenciarios del país ha generado un fuerte debate y acciones legales. Dos recursos de amparo contra el Ministerio de Justicia y Paz están en trámite en la Sala Constitucional, presentados por privados de libertad que dicen sentirse afectados por esta medida.
Así lo confirmó el Alto Tribunal tras una consulta realizada por Teletica.com.
"El primer recurso (24-034099-0007-CO) fue interpuesto el 3 de diciembre de 2024 por internos del Centro Nacional de Atención Específica.
"El segundo (24-034157-0007-CO) lo presentaron, el 4 de diciembre de 2024, integrantes del Comité de Internos del CAI Adulto Mayor en Alajuela. Ambos se encuentran en estudio de admisibilidad", indicó la Sala Constitucional.
El Ministerio de Justicia ordenó el cierre de estas pulperías, las cuales han operado en las cárceles costarricenses desde la década de 1970 bajo la premisa de ser iniciativas no lucrativas. No obstante, según indicó la institución a este medio, esta condición, al parecer, no se está cumpliendo actualmente, con reportes de ingresos diarios de hasta ₡900 mil.
En conferencia de prensa, este miércoles, el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, justificó la decisión señalando que el Gobierno tiene control total sobre los centros penitenciarios.
"Comenzamos con los cierres en San José, el martes por la noche se hizo efectivo en Limón y así seguiremos. Al viernes 6 de diciembre todas las pulperías estarán cerradas y vamos a documentar todo lo que hay ahí", afirmó Campos.
Las pulperías ofrecen una amplia variedad de productos: desde alimentos y bebidas hasta artículos de higiene personal como pasta dental, papel higiénico y productos para el cabello, además de medicamentos básicos y hielo.
Estas tiendas son administradas por los propios privados de libertad, lo que también ha generado cuestionamientos sobre el manejo de las ganancias y su impacto en la dinámica carcelaria.
La medida continúa siendo objeto de análisis tanto legal como social, mientras la Sala Constitucional evalúa si admite los recursos de amparo para su trámite formal.
