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Los privados de libertad con factores de riesgo ante el COVID-19 que en estos momentos están en la las cárceles del país saldrían al régimen semi-institucional por tres meses, según informó Fiorella Salazar, ministra de Justicia y Paz.

Para esto se iniciará un proceso de valoración extraordinaria antes de realizar algún movimiento.

Según la jerarca esto se debe a una serie de órdenes giradas por jueces de Ejecución de la Pena al Instituto Nacional de Criminología (INC). 

El régimen semi-institucional es el que permite mayor flexibilidad a las personas que están cumpliendo una pena. En algunos de los casos se permite llegar a dormir al centro o estar unos días en la casa y otros en el recinto designado por el Ministerio de Justicia.

¿Quienes saldrían?

Insuficiencia renal crónica, enfermedades cardíacas, esclerosis múltiple, enfermedades autoinmunes, pacientes inmunosuprimidos (como aquellos con VIH), enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma bronquial con crisis frecuentes, pacientes oncológicos, personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas, mujeres con niños en módulos materno infantiles, hipertensión, diabetes y obesidad mórbida son los factores que tiene que tener un privado de libertad para este ajuste.

Las personas que son candidatas no pueden tener otra sentencia pendiente, según explicó Salazar. 

Además, los candidatos deben de tener una red de apoyo familiar. No pueden vivir en condiciones de indigencia.

La ministra indicó que se valorará el perfil de cada privado de libertad y que evolución ha tenido para que la población se sienta tranquila al saber que el candidato no representa un peligro para sí mismo o para otras personas.

"Si bien el criterio médico es el que le da el origen a estas valoraciones extraordinarias, no será el único en evaluarse. También se tomará en cuenta una serie de factores que analizan el proceso de atención de la persona privada de libertad desde el momento en que ingresó al sistema", afirmó la ministra.

Los aspectos que se van a analizar de manera técnica van a hacer desde el punto de vista legal, como la situación jurídica de la persona, un resumen de los hechos probados en la sentencia que esté descontando.

Además, desde el punto de vista de la psicología, qué atención ha recibido la persona. Desde el punto de vista de trabajo social, cuál es el contexto que vulnerabiliza el comportamiento delictivo de esta persona y las implicaciones que conllevan el movimiento al régimen semi-institucional. 

“Antes de determinar el paso al nivel semi-institucional, debe quedar constancia de que la persona representará el menor riesgo para la comisión de un nuevo delito. Por esto, los profesionales responsables de procesos interdisciplinarios analizarán la posición de la persona ante el delito y se tomará en cuenta su criterio sobre la persona privada de libertad en relación con la disminución de riesgos de repetición de conductas delictivas, no solo su situación de salud”, recalcó la ministra Salazar.

Penas cortas

La orden judicial menciona también la aplicación de la valoración en caso de penas cortas, para lo cual el Instituto Nacional de Criminología determinó que dicha variable se analizaría, a su vez, de manera conjunta con la situación de salud de la persona para determinar si reporta factores de riesgo en relación con Covid-19. 

Además, no debe tener otras sentencias pendientes de descuento.
Para cumplir con lo contenido en la orden judicial, el Instituto homologó la definición de “pena corta” con los tres meses que abarcaría el movimiento temporal al régimen semi institucional, determinando que en esta categoría podrían valorarse personas privadas de libertad que estén próximas a cumplir sus penas (tres meses). El criterio fundamental en este caso nuevamente es que no impliquen un riesgo para sí o para terceros.

Respuesta del ministro de Seguridad Pública

Por su parte el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto Rojas, manifestó que tiene un nivel de preocupación por este tema.

Los indices de criminalidad del país han ido mejorado paulatinamente desde hace dos años gracias al trabajo policial de calle y desde el sistema penitenciario.

"No puedo ocultar mi preocupación, y también entiendo que es una orden que dan los jueces de ejecución de la pena al Ministerio de Justicia, que el no hacerla puede acarrear una responsabilidad", comentó Soto Rojas.

El ministro le pidió formalmente que los funcionarios del INC hagan una valoración muy detallada respecto a las personas que podrían recibir este beneficio.

"Nos preocuparía mucho que delincuentes de criminalidad organizada aprovechen estas circunstancias para salir a la calle. Por eso el trabajo de los técnicos tiene que ser muy detallada y preciso para no afectar el tema de criminalidad en la calle, eso genera una preocupación", agregó el ministro de Seguridad Pública. 

Para más detalles puede ver la conferencia de prensa adjunta.