Privado de libertad denuncia en Sala IV supuestos "tratos inhumanos" en traslado a máxima seguridad

La Sala Constitucional estudia cuatro recursos planteados por privados de libertad, sus familiares y ciudadanos, contra las restricciones impuestas por el Ministerio de Justicia y Paz en el nuevo Ministerio de Justicia y Paz (MJP).

Se trata de amparos presentados entre el 24 y 26 de abril pasados, que permanecen en la fase de estudio de admisibilidad, confirmó la oficina de prensa del Alto Tribunal ante consulta de Teletica.com.

Los casos se tramitan contra la cartera, su Dirección General de Adaptación Social (DGAS), la Policía Penitenciaria y el Instituto Nacional de Criminología (INC). Sin embargo, uno también se dirige —sin precisarse los motivos— contra la Presidencia de la República y la Asamblea Legislativa.

Una de las gestiones, a la que se le asignó el expediente 25-011307-0007-CO, fue emprendida por un recluso que asegura haber sido trasladado del régimen de mediana abierta a los nuevos módulos de máxima seguridad, lo que ha afectado su libertad individual, integridad física y psicológica.

El privado de libertad asegura haber sido víctima de "tratos inhumanos y humillantes" durante su estadía en los módulos que recientemente reorganizó el Ministerio de Justicia.

También se puntualizan restricciones severas en las visitas familiares, mismas que fueron anunciadas el 23 de abril pasado por el propio titular del ramo, Gerald Campos.

En el recurso, el privado pide se le restituyan sus derechos a estudiar, trabajar, mantener comunicación diaria, recibir noticias y acceder a encomiendas.

Misma situación alega una recurrente que se identifica como persona trans, en el amparo que se tramita bajo la sumaria 25-011436-0007-CO.

En el expediente 25-011219-0007-CO, la esposa de un privado de libertad solicitó que se suspenda como medida cautelar y que —eventualmente— se anule la directriz DVJ-009-04-2025 por violar derechos como "la vida familiar, visitas conyugales, el contacto entre padres e hijos menores".

Un ciudadano que aseguró actuar a favor de los reclusos trasladados al "Circuito de Alta Contención" acusó que las recientes disposiciones "han provocado una crisis de derechos humanos" en el Sistema Penitenciario Nacional.

Huelga de hambre

Precisamente, tras el anuncio de las medidas por parte de Gerald Campos, diferentes organizaciones no gubernamentales informaron sobre movimientos de protesta.

La cartera confirmó el lunes que alrededor de 1.000 privados se mantenían en una huelga de hambre.

El director de la Policía Penitenciaria, Nils Ching, aseguró que muchos de los manifestantes ni siquiera forman parte del "Circuito de Alta Contención", pero se unieron producto de supuestas amenazas que recibieron de otros reclusos.

Sin embargo, el presidente de la Asociación Ayudando al Privado de Libertad y sus Familias, Rafael Ángel García, rebate la cifra oficial y asegura que el movimiento es mucho mayor, alcanzando incluso siete cárceles a nivel nacional y no solo al Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero.

El Ministerio de Justicia insiste en que, debido la persistente sobrepoblación carcelaria, tuvo que hacer un reordenamiento dirigido a garantizar espacios, según el perfil técnico y necesidad de contención, perfil criminológico, riesgo institucional, conductas disruptivas o pertenencia a estructuras criminales.

La cartera defiende la legalidad de las disposiciones dictadas en ese sentido, en compromiso con "una gestión penitenciaria responsable y humanizada", en apego a los derechos humanos.

Sobre los recursos, este medio mantiene en trámite una solicitud adicional ante la oficina de prensa de la institución.