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Tomás Martínez asumió desde este lunes como el nuevo presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), posiblemente la institución pública más cuestionada durante la pandemia.

El arquitecto, hasta finales del año anterior presidente del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, llega a la silla de una entidad señalada desde todos los frentes por problemas en facturación, cobros, desabastecimiento y denuncias de despilfarro, un cúmulo de denuncias que le costaron el cargo a la exjerarca Yamileth Astorga.

Él, sin embargo, asegura que llega por solicitud directa del presidente Carlos Alvarado, pero además por el potencial que ve en la institución y su impacto directo en el desarrollo del país.

¿Cómo llega al AyA?

Por una solicitud directa del señor Presidente de la República y de mi parte el compromiso con el país, el Presidente y el desafío que vi en esta institución tan estratégica se unieron para tomar la decisión de asumir estos 16 meses con el mayor compromiso posible.

¿Por qué llegar a una institución tan señalada?

Lo veo como un desafío. Pienso con mi conocimiento previo del AyA que hay muchas facetas no valoradas de la institución. Creo que el aporte del AyA en la pandemia ha sido fundamental, estratégico en el aporte del suministro de agua potable a nivel nacional, y por supuesto que las oportunidades de mejora y los errores que se han podido marcar justamente son de los desafíos inmediatos que teníamos que asumir y estamos asumiendo, pero vi también la otra cara que tal vez muchos no ven de ese portafolio de proyectos estratégicos que tiene en suministro, alcantarillado y saneamiento, que al final son la llave de todo el desarrollo nacional en industria, turismo y vivienda. Es una parte que tengo muy presente y que motiva para proyectar ese desarrollo.

¿Cuáles serán sus prioridades?

Son tres ejes: la mejora del servicio al cliente que pasa mucho por el tema de facturación y de información al público, de oportunidades y nuevas oportunidades de acceso a los servicios; en segundo término la optimización de procesos operativos, es un proceso de renovación de la institución y tiene que ver mucho con la plataforma tecnológica que tiene que implementarse, y por último agilizar los proyectos más estratégicos de ese portafolio en esa ventana de 16 meses, los que veamos que tienen la oportunidad de adelantarse y priorizarse.

La lista de proyectos prioritarios que dejó la jerarca saliente era larga… ¿Va a priorizar unos y dejar de lado otros?

Ninguno quedará de lado, pero es importante la priorización, entender que los proyectos no solo se avanzan cuando se terminan. Hay procesos de contratación muy rudos y complejos, dejar por ejemplo un proyecto estratégico con las licitaciones listas en el SICOP como la ampliación del acueducto metropolitano es un avance sustancial, aunque el proyecto no esté concluido; pero llevarlo a esa instancia es un avance muy fuerte. Dejar concluido un alcantarillado estratégico como el de Limón, creo que son ese el tipo de prioridades a las que hay que apuntar, entonces sí es posible dejar algunos de esos proyectos concluidos y otros bien avanzados en sus fases de desarrollo.

¿Solicitará una auditoría o nuevo análisis para el tema de la facturación o comparte las razones que ha dado la institución por esos elevados cobros?

Es un tema que amerita y merece ser analizado con todo el detalle, pero también amerita tomar acciones inmediatas. El problema se da porque confluyen muchos factores a la vez: siete meses sin pago de recibos, una alteración en los patronos de consumo, un filtro que tal vez no fue lo suficientemente riguroso para identificar aquellos casos que cambiaron su nivel de consumo para poderlos verificar antes de que salieran, y aunque el porcentaje de casos no es tan alto (cerca de 4.500 de 700 mil abonados), el objetivo es que no haya uno solo, que no salga ninguno con algún problema y ese es el tema que vamos a trabajar muy fuertemente para poder atender desde las diferentes áreas involucradas el caso; estamos en eso, hay acciones inmediatas que tienen que ver con el control de calidad y acciones que requerirán de más tiempo como la sustitución de la plataforma tecnológica.

Hoy precisamente la Defensoría de los Habitantes les exige presentar un plan para garantizar el abastecimiento en la época seca, ¿ya lo tienen?

El plan existe y se ha venido presentando en la junta directiva. A raíz de la situación del año pasado ya se tomaron acciones muy directas como la habilitación de algunos pozos que ya están en su potencial máximo en La Valencia, esto implica la puesta en operación de otros pozos de soporte mientras se activa la ampliación del proyecto Orosi 2, pero esto es un plan que ya se presentó a la junta y se va a presentar a la Defensoría de los Habitantes y que realmente pues se prevé que el impacto va a ser mucho menor, pero evidentemente no hay certezas con un evento climático, pero sí me parece que se han tomado las medidas para que ese impacto sea mucho menor.

Ya existía una solicitud de interpelación para el AyA y doña Yamileth de parte de los diputados. ¿Irá a rendir cuentas por esas situaciones?

El objetivo mío es rendirle cuentas a todo el mundo, cuando uno está en un puesto de servidor público tiene esa responsabilidad en realidad, entonces pues con absoluta transparencia ese es mi objetivo en el cargo, hacer un trabajo abierto, transparente, que pueda ser sometido a la verificación de cualquier instancia.

¿Qué tan fácil ve usted cumplir esa labor que muchos le han encomendado de “limpiar la casa”?

No es una tarea fácil, es un desafío, pero es un desafío posible, en donde hay un montón de facetas que tal vez mucha gente no conoce de capacidad, de personal a lo interno, de compromiso. Nuestro objetivo va a ser alinear esas potencialidades, unirlas, y hacer un cambio positivo, yo no hubiera asumido el reto si no viera las posibilidades de mejora que tiene la institución.