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El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, presentó el miércoles anterior ante la Sala Constitucional una gestión de desobediencia contra la Contraloría General de la República por la orden que está emitió de aplicar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en el Poder Judicial.

Específicamente, Cruz asegura que las resoluciones de la Contraloría van en contra de la decisión de la Sala plasmada en el voto 2018-019511, donde se avaló el entonces proyecto de ley ante los diputados señalando que las competencias del Poder Judicial se mantendrían incólumes en las materias consultadas referentes a la rectoría en empleo, regla fiscal y materia salarial.

“Se evidencia que la CGR ha sido advertida claramente del incumplimiento de lo resuelto por la Sala Constitucional, a pesar de lo cual, impone al Poder Judicial su particular interpretación, absolutamente contrario a lo resuelto en cuanto al núcleo normativo que se mantiene incólume en el caso de este Poder”, dijo Cruz en la solicitud.

El argumento del también magistrado, nuevamente, es que el Poder Judicial debería ser quien regule la aplicación de ley entre sus empleados. Su tesis original era que la reforma fiscal solo aplicara para los empleados nuevos de ese Poder y no los actuales, al menos en apartados como la regla fiscal o el pago nominal y no porcentual de remuneraciones.

La solicitud de Cruz incluye también anular tres oficios que la Contraloría General emitió entre diciembre y febrero anterior, donde ordena:

“Girar las instrucciones a las instancias internas competentes del Poder Judicial para asegurar la aplicación del Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N.° 9635, en las condiciones, términos y plazos establecidos en dicha norma, para la totalidad de los funcionarios del Poder Judicial sin distingo de la fecha de incorporación, así como definir los mecanismos de seguimiento para asegurar dicho cumplimiento”.

Posteriormente, decide desestimar una medida cautelar planteada por Cruz contra esa resolución y más tarde un recurso de apelación a ese fallo, también interpuesto por el presidente de la Corte.

Ahora, con la vía agotada ante la Contraloría, Cruz intentará ante la Sala Constitucional dejar sin efecto esas órdenes y conseguir eximir al Poder Judicial de la reforma.