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La investigación abierta este martes por la Fiscalía General contra el presidente Carlos Alvarado elevó a cinco las causas que ese órgano mantiene vigentes contra el mandatario.

Se trata de cinco expedientes que involucran los presuntos delitos de prevaricato (uso de sus potestades en contra de la ley), incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito.

La primera causa se abrió en 2018 por el llamado “hueco fiscal”, un faltante presupuestario que dejó la administración de Luis Guillermo Solís y que obligó al pago de deuda sin autorización por parte de la entonces ministra Rocío Aguilar, quien posteriormente sería sancionada y renunciaría a su cargo.

Ahí se investiga a Alvarado, Solís, Aguilar y el exministro de Hacienda, Helio Fallas, por el delito de incumplimiento de deberes.

La segunda causa es una investigación de 2019 por prevaricato contra él y el ministro de Ambiente Carlos Manuel Rodríguez, por una aparente explotación ilegal en el río Brasil de Guanacaste a raíz de una concesión minera.

Posteriormente, siempre en 2019, el mandatario fue denunciado penalmente por el acuerdo que él firmó y respaldó con autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social y que permitió poner fin al movimiento social que desencadenó la aplicación de la reforma fiscal en esa institución.

Ese acuerdo finalmente fue anulado por la propia Contraloría General. Junto a Alvarado también fueron denunciados por incumplimiento de deberes los entonces ministros de Presidencia, Víctor Morales Mora, y Trabajo, Steven Núñez.

En los primeros meses de este 2020 el Presidente acumuló su cuarta investigación por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD). Aquí se le imputan los presuntos delitos de prevaricato, abuso de autoridad y violación de datos personales.

Por este caso Alvarado también deberá responder ante los diputados de la comisión especial que investiga ese polémico decreto presidencial.

Finalmente, este martes el Ministerio Público confirmó que investigará al mandatario por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, luego del viaje de placer que este realizara el fin de semana anterior a un hotel de Guanacaste.

La investigación, abierta de oficio, se sustenta en el uso que Alvarado hizo de un helicóptero propiedad de una empresa vinculada con el ministro de enlace con el sector privado, André Garnier, quien también viajó junto a Alvarado.

Ambos, además, se habría hospedado en un lujoso hotel propiedad de la familia del ministro.

El Presidente defendió este martes que él pagó todos sus gastos y que, si bien es un derecho de la Fiscalía emprender las investigaciones que considere oportunas, considera “un claro exceso” en la apertura de este proceso pues no existe fundamento para investigarlo ni se está ante la presencia de “delito alguno”.

“Es un derecho de la Fiscalía emprender las investigaciones que estime pertinentes y lo respetamos. Pero el apego a la razón, a la lógica y a la ley deja absolutamente claro que aquí no hay delito alguno.

“Tenemos total confianza en que no hay fundamento alguno para esta investigación, que además es un claro exceso”, afirmó.

El Ministerio Público aseguró que los cinco expedientes se encuentran en fase preparatoria de la investigación, por lo que no es posible brindar mayores detalles de los mismos por tratarse de una etapa privada.