Presidenta defiende normas presupuestarias que condicionan recursos del Poder Judicial
Dos días después de expresar disposición a revisar las normas impuestas al Poder Judicial para el uso de ₡30.000 millones del presupuesto 2027, Laura Fernández justificó estos controles.
La discusión sobre el acceso del Poder Judicial a cerca de ₡30.000 millones incluidos en el presupuesto de 2027 sumó un nuevo capítulo este miércoles, luego de que la presidenta Laura Fernández defendiera las normas que condicionan el uso de esos recursos.
La posición contrasta con las declaraciones emitidas el lunes anterior, cuando la mandataria aseguró que existía disposición por parte del Gobierno para revisar las disposiciones cuestionadas por la Corte Suprema de Justicia e incluso planteó la posibilidad de conformar una mesa técnica entre ambas instituciones.
Recursos quedan sujetos a revisión
La controversia gira en torno a cuatro normas de ejecución presupuestaria que condicionan el acceso a unos ₡30.000 millones asignados al Poder Judicial.
Según el esquema planteado, para utilizar esos recursos la institución deberá cumplir una serie de requisitos que serán analizados primero por la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa y luego por el plenario legislativo.
Corte acudió a la Sala Constitucional
Ante esta situación, la presidenta del Poder Judicial, Patricia Vargas, informó que presentó una solicitud de medida cautelar urgente ante la Sala Constitucional.
La gestión forma parte de la consulta de constitucionalidad que la institución ya había interpuesto contra las disposiciones presupuestarias incluidas en el proyecto para 2027.
Desde la Corte aseguran que mantienen la disposición de dialogar con el Poder Ejecutivo para buscar soluciones al conflicto. Pero, advierten que esa apertura no implica renunciar a las herramientas jurídicas disponibles para defender las competencias del Poder Judicial y lo que consideran garantías establecidas en la Constitución Política.
