Policía recupera ocho uniformes del Tránsito que indigente "encontró en basurero"
Esta persona en condición de calle, quien se encontraba en las cercanías de los Tribunales de Justicia, San José, vestía una camisa con insignias oficiales y tenía varias prendas más en su poder.
La Fuerza Pública recuperó ocho uniformes de la Policía de Tránsito que un indigente "encontró en un basurero".
Esta persona en condición de calle, quien se encontraba en las cercanías de los Tribunales de Justicia, en el centro de San José, vestía una camisa con las insignias oficiales y tenía varias prendas más en su poder.
"Se recibe una alerta policial de que había un habitante de la calle con varias camisas de la Policía de Tránsito. Llegamos al lugar y, en efecto, tienen insignias de dicha Policía", indicó el Ministerio de Seguridad Pública tras la consulta de este medio.
Varias fotografías muestran a los oficiales revisando los uniformes, que finalmente fueron devueltos al cuerpo policial al que pertenecen (ver galería adjunta).
"El indigente alegó que se las encontró botadas en un basurero", detallaron las autoridades, quienes, además, confirmaron que esta persona quedó en libertad.
Teletica.com solicitó una reacción de la Policía de Tránsito, específicamente si sabían cómo llegaron estas vestimentas a manos de una persona en condición de calle y los protocolos que existen, actualmente, para entregar o desechar los uniformes.
El Código Penal de Costa Rica sanciona el uso ilegal de insignias, uniformes o dispositivos policiales. El artículo 317 bis establece lo siguiente: "Será sancionado con pena de prisión de seis meses a un año, quien, sin ser autoridad policial, utilice uniformes, prendas o insignias de cualquiera de los cuerpos de policía del país, del Cuerpo de Bomberos, de la Cruz Roja o del Ministerio Público".
La pena aumenta de tres a cinco años para quien, "con el fin de cometer un delito, use, exhiba, porte o se identifique con prendas, uniformes, insignias o distintivos iguales o similares a los utilizados por cualquiera de los cuerpos de Policía del país, del Cuerpo de Bomberos, de la Cruz Roja o del Ministerio Público. Las conductas descritas en los incisos anteriores serán sancionadas con pena de prisión de cinco a ocho años, cuando el fin sea cometer un delito grave".