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Los créditos de salvamento anunciados por dos de las tres entidades financieras del país que llevarán a cabo el decreto presidencial se quedan cortos en su objetivo de reactivar la economía, critican expertos en la materia.

A inicios de semana el Banco Popular brindó los primeros 800 créditos e informó que la expectativa era beneficiar a unas 22.000 personas, mientras que el Banco de Costa Rica detalló este jueves que sus programas servirán para alivianar la carga crediticia de 1.000 deudores más.

Aunque falta por conocer el producto que ofrecerá el Banco Nacional el próximo lunes, los economistas señalan que dichos planes cobijarían solo un módico porcentaje de la población endeudada en el país.

“Las primeras cifras de personas que se podrían ver beneficiadas con este plan son relativamente muy bajas, insignificantes, es como recetar una aspirina a alguien con un cáncer muy avanzado”, señaló Carlos Palma, economista y directos de la Escuela de Economía de la UCR.

Argumenta que en el país hay cerca de 500.000 personas que tienen un nivel de endeudamiento por encima de sus capacidades de ingreso, por lo que desconfía del efecto real que pueda tener a nivel económico.

“Unos cuantos miles que se beneficien no es un paso que reactive la economía, porque para hacerlo lo que se necesita es generar fuentes de empleo y mejorar los niveles de ingreso”, sentenció Palma.

El economista Eli Feinzaig apunta en la misma línea al señalar que los créditos de salvamento generan poco impacto para reactivar el músculo económico costarricense.

“Resolver un problema de sobreendeudamiento aliviándole la situación a la gente de una manera tan desatinada como esta no pareciera ser una buena política de desarrollo económico del país, no tiene un impacto macroeconómico significativo”, destacó.

Para el economista y exbanquero Gerardo Corrales, la directriz presidencial como solución integral del endeudamiento de los ticos y elemento de reactivación se tornó algo exagerada.

“El impacto de los planes es muy limitado porque los bancos se cuidan bastante y solo van a refinanciar a sus deudores altamente endeudados, porque la SUGEF no ha cambiado la regulación que obliga a analizar la capacidad de pago y la morosidad histórica.

“No hay forma que con esa normativa y con tasas de interés tan bajas los bancos ganen plata, es más, van a perder, cada vez que metan a una persona con historiales complejos la contribución va a ser negativa, por eso no creo que se vaya a mover la aguja”, expresó Corrales.

Primeros pasos

La ministra de Planificación, Pilar Garrido, aseguró que con el anuncio de los planes de salvamento que ofrecerá el Banco Nacional se pretende lograr una mayor cobertura, así como con la aprobación de un proyecto de ley que se discutirá en sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa.

Se trata de la iniciativa de ampliar el Centro de Información Crediticia (CIC) de la SUGEF mediante la reforma a la Ley Orgánica del Banco Central.

“Creo que vamos en la ruta correcta y con el producto del Banco Nacional y la aprobación del proyecto del CIC va a ver muchas posibilidades de ampliar y llegar a más personas”, destacó Garrido.

El proyecto busca darle claridad a las entidades financieras sobre los riesgos que asume al brindar un crédito tomando en cuenta la información completa de los compromisos financieros que tienen las personas con respecto a su ingreso total.

La idea es que, a partir de la aprobación de este, el CIC abarque también a una parte de las entidades financieras del sector informal, que actualmente se escapan de su tutela.