Por Gloriana Casasola Calderón 3 de septiembre de 2026, 9:55 AM

Las principales carreteras del país continúan siendo escenario de los llamados piques ilegales, una práctica que pone en riesgo la seguridad vial y que representa un desafío constante para las autoridades debido a la limitada cantidad de recursos policiales disponibles (ver video adjunto).

Grupos organizados de conductores toman algunas vías durante la noche y la madrugada para convertirlas en improvisadas pistas de carreras clandestinas, donde vehículos y motocicletas alcanzan altas velocidades al margen de la ley.

De acuerdo con las autoridades, la Ruta 27 y la Circunvalación figuran entre los corredores donde más denuncias se registran por este tipo de actividades.

Utilizan "campanas" para evadir controles

Los cuerpos policiales señalan que los participantes suelen operar de manera coordinada y utilizan personas conocidas como "campanas" para alertar sobre la presencia de retenes o dispositivos de seguridad.

Esta estrategia les permite movilizarse o abandonar el lugar antes de que lleguen los oficiales, dificultando la labor de control y fiscalización.

Además, las autoridades han detectado cambios en los patrones de estos grupos. Aunque históricamente los jueves concentraban gran parte de los eventos, ahora también se reportan actividades durante los fines de semana para intentar evitar la acción policial.

Falta de personal complica la vigilancia

Uno de los principales obstáculos para combatir estas carreras ilegales es la cantidad limitada de oficiales disponibles.

Actualmente, la Policía de Tránsito cuenta con alrededor de 800 oficiales para atender todo el territorio nacional, una cifra que las autoridades consideran insuficiente para cubrir todas las necesidades operativas y responder a la movilidad constante de estos grupos.

Lo que más preocupa a las autoridades es que estos operativos no solo permiten detectar infracciones de tránsito. Según los cuerpos policiales, durante los controles relacionados con piques ilegales también se ha ubicado a personas con órdenes de captura pendientes, así como casos de consumo de drogas y portación ilegal de armas.

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