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Pese a la condena de la Sala Constitucional el Gobierno defendió este martes su accionar en los bloqueos y manifestaciones de las últimas semanas.

Los magistrados condenaron este martes al Estado al pago de daños y perjuicios por el incumplimiento a sus obligaciones de mantener el orden y tranquilidad del país y tomar las acciones necesarias para resguardar las libertades públicas.

“El Gobierno de la República respeta plenamente y desde luego acogerá lo resuelto por la Sala Constitucional, pero es completamente necesario decir que el Ministerio de Seguridad Pública y el Gobierno han actuado de manera plenamente diligente en esta emergencia.

“La acción del Ministerio de Seguridad Pública ha sido plenamente diligente, muy prudente y privilegiando el diálogo, pero plenamente diligente y el Gobierno de la República respalda de manera también plena al señor ministro de Seguridad, Michael Soto, los cuerpos policiales y a la Fuerza Pública en general”, dijo el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, en un comunicado de prensa.

Prieto condenó los bloqueos y reiteró el llamado “a los poquísimos manifestantes” que todavía generan complicaciones a deponer el movimiento en pro de los derechos ciudadanos, pero no ahondó en mayores detalles sobre lo dicho por la Sala.

Precisamente este martes varios diputados de la Asamblea Legislativa presentaron una moción impulsada por la socialcristiana Shirley Díaz para pedirle cuentas al Michael Soto por su accionar y el del Ministerio de Seguridad en las manifestaciones.

“Hemos presenciado actos de violencia no vistos en nuestro país como el caso de Cañas, la golpiza de la mujer en Altamira y los supuestos infiltrados en las manifestaciones de este lunes en Casa Presidencial; todo esto hace que sea necesario que el Ministro venga a comparecer ante la Asamblea Legislativa”, dijo Díaz.

“Debemos accionar nuestro control ciudadano como diputados, máxime en las condiciones tan atípicas que estamos viviendo como país y la necesidad de una paz social urgente. Debemos aclarar todo con urgencia, para no perder nuestra tradición civilista y democrática en manos de personas que no quieren la paz para Costa Rica", añadió.

La moción fue firmada por legisladores de las diferentes bancadas y deberá ser aprobada en el seno del Plenario.