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Este lunes, unos 400 nicaragüenses cumplen siete días de estar varados en Peñas Blancas, el puesto fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica, según denuncian organismos pro derechos humanos del país.

Para el ingreso a territorio nicaragüense, el gobierno de Daniel Ortega les está exigiendo la prueba negativa de COVID-19. Sin embargo, los migrantes aseguran que no tienen las condiciones para poder realizarlas porque perdieron sus empleos en Costa Rica.

Hasta el momento el gobierno de Nicaragua sigue sin pronunciarse sobre la situación que enfrentan estos 400 ciudadanos nicaragüenses en la frontera.

Por su parte, las organizaciones sociales advierten que llevarán estas denuncias a organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas.