OIJ investiga si policías prestaron celulares a “Pecho de Rata” mientras estaba en la cárcel
Las pesquisas del caso Riverside apuntan a posibles comunicaciones de Edwin López Vega desde máxima seguridad. El OIJ realiza allanamientos y diligencias en Limón, San José, Heredia y Alajuela.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga si oficiales de la Policía Penitenciaria facilitaron teléfonos celulares a Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, mientras permanecía recluido en un sector de máxima seguridad.
La hipótesis forma parte de la investigación contra una estructura criminal vinculada con tráfico de drogas y legitimación de capitales (ver video adjunto en la portada).
El director del OIJ, Michael Soto, explicó que las autoridades analizan la forma en que operaba esta organización desde el Caribe costarricense. La investigación apunta a que algunos funcionarios penitenciarios habrían permitido comunicaciones del líder criminal con personas externas.
Según la información brindada por el OIJ, "los teléfonos habrían sido utilizados para mantener contacto con familiares y continuar con coordinaciones relacionadas con la estructura investigada".
El operativo denominado Riverside movilizó a 1.500 agentes judiciales durante este martes. Las autoridades ejecutaron 146 allanamientos en diferentes puntos del país, con mayor presencia en el cantón Central de Limón.
La investigación señala que la organización es el segundo cartel desarticulado en la historia de Costa Rica. El grupo tendría presencia en varias zonas del Caribe y contaría con vendedores terminales encargados de la distribución de droga.
Además, el OIJ realiza diligencias dentro de centros penitenciarios como la cárcel La Leticia, en Limón, y La Reforma, en San Rafael de Alajuela. Los agentes revisan celdas y recopilan información relacionada con el funcionamiento de la estructura criminal.
Como parte del operativo, agentes judiciales también ingresaron a la Municipalidad de Limón. Las autoridades realizaron diligencias para revisar documentación vinculada con una patente municipal.
La alcaldesa de Limón, Ana Calzada, indicó que funcionarios del OIJ llegaron al gobierno local y solicitaron información específica. La jerarca señaló que desconocía el documento requerido y aseguró que atendería a los agentes para aclarar la situación.
Las autoridades mantienen las investigaciones abiertas para determinar responsabilidades y conocer el alcance de la estructura criminal.
