“No es un pleito con la alcaldesa”, asegura vicealcalde de Puriscal tras allanamientos
Según el funcionario, existen múltiples denuncias contra el gobierno local por aparentes actos de corrupción.
Los allanamientos realizados este martes en la Municipalidad de Puriscal responden, según el vicealcalde Miguel Mata, a múltiples denuncias por presuntas irregularidades administrativas y no a un conflicto personal con la alcaldesa Iris Arroyo.
Mata aseguró que desde la Vicealcaldía se actuó conforme a los principios de transparencia y legalidad, luego de recibir una denuncia acompañada de dos informes de Auditoría Interna que advertían sobre posibles anomalías en una contratación administrativa.
“A nosotros nos llega una denuncia a la oficina de la Vicealcaldía con dos informes de Auditoría Interna de la municipalidad por potenciales irregularidades en una contratación, lo analizamos con nuestro abogado y, respondiendo a la transparencia de la función, lo trasladamos a la Fiscalía”, explicó Mata a Teletica.com.
El vicealcalde enfatizó que las diligencias judiciales no se originaron únicamente por esa denuncia.
“Este martes se dan varios allanamientos que responden no solamente a esto; hay seis denuncias de diferentes denunciantes. No es un tema de un pleito entre el vicealcalde y la alcaldesa, es un tema que le corresponde al proceso de justicia de nuestro país”, afirmó Mata.
El vicealcalde añadió que incluso vecinos del cantón y un exfuncionario municipal han presentado denuncias por distintos asuntos, entre ellos caminos y la devolución de placas.
Mata reconoció que existieron diferencias de criterio con la alcaldesa en decisiones administrativas y de gestión, pero recalcó que eso no invalida su labor institucional.
“Hubo una diferencia muy marcada de criterios en las decisiones que ella tomó… yo se lo hice saber y la respuesta de ella fue: ‘Son mis decisiones’. Más allá de que exista o no una ruptura en la amistad, el trabajo se sigue realizando y eso es independiente a todo el quehacer municipal”, señaló Mata.
Sobre la denuncia trasladada a la Fiscalía, el vicealcalde insistió en que no se trató de una acción personal contra la jerarca municipal. Según explicó, el caso se relaciona con el presunto traslado de un equipo municipal a un taller sin que mediara el proceso establecido por la Ley de Contratación Pública y el uso del sistema Sicop.
En la misma línea se pronunció Joseph Rivera, abogado defensor del vicealcalde, quien rechazó que exista una supuesta vendetta política.
“Me parece, con mucho respeto de la señora alcaldesa, que eso es una charlatanería. Los allanamientos no son antojadizos; el Ministerio Público determinó que podría existir un alto grado de probabilidad de un delito y por eso se dieron. La denuncia se presentó a mediados de 2025 y sabemos que existen al menos cinco denuncias adicionales de personas ajenas a la municipalidad", señaló Rivera.
Declaraciones de Joseph Rivera:
Los allanamientos de este martes fueron realizados por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, en conjunto con agentes de la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Las diligencias se efectuaron en la sede municipal, el Estadio Municipal, el Plantel Municipal, la vivienda de la alcaldesa Iris Arroyo, un taller de vehículos en Paraíso de Cartago y las instalaciones de la Asociación Inter Puriscaleña de Ayuda Social.
De acuerdo con el Ministerio Público, los operativos buscaban el decomiso de evidencia relevante para la causa 25-000094-1218-PE, en la que se investigan presuntos delitos de malversación de fondos, peculado de uso, tráfico de influencias e incumplimiento de deberes, relacionados con contrataciones, licitaciones, reparación de caminos y uso de maquinaria municipal.
Por su parte, la alcaldesa Iris Arroyo declaró a la prensa que “ya el pueblo puriscaleño sabía el conflicto que había entre la Vicealcaldía y la Alcaldía”, afirmación que fue rechazada tanto por el vicealcalde como por su defensa, quienes insisten en que el proceso judicial obedece exclusivamente a denuncias formales y a la obligación de garantizar la transparencia en la gestión pública.

