“No es un atajo”: Fiscal General niega que aumento en solicitud de extradiciones revelen fallas en la justicia local

Desde que en mayo pasado entró en vigor la posibilidad de extraditar a costarricenses solicitados por otros países, Costa Rica ha recibido 14 peticiones formales, la mayoría provenientes de Estados Unidos, y todas relacionadas con presuntos delitos de narcotráfico.

El cambio legal marcó un hito en la cooperación judicial internacional, pero también abrió cuestionamientos sobre si el país tiene los recursos y la capacidad suficientes para procesar, por cuenta propia, a personas vinculadas con estructuras criminales de gran escala.

Uno de los casos más recientes es el de Gilbert Bell Fernández, conocido como “Macho Coca”, requerido por la justicia estadounidense, por su presunta participación en tráfico internacional de drogas. 

Ante las críticas que apuntan a una posible dependencia de la justicia extranjera, el Fiscal General, Carlo Díaz, sostiene que la figura de la extradición no refleja debilidad, sino coordinación internacional.

“No lo vemos como una debilidad, sino como una herramienta más para combatir el crimen. Son investigaciones conjuntas que ahora están materializando lo que veníamos planeando incluso antes de que se aprobara la legislación”, afirmó Díaz

Sobre los cuestionamientos de por qué la mayoría de estas personas estában libres hasta que llegó la solicitud de extradición, el Fiscal explicó que en varios casos las personas requeridas ya tenían medidas cautelares o bien estaban enfrentando un  proceso. 

“Los procesos de Costa Rica cumplen su fase normal. Incluso hay algunos que que han sido solicitados para extradición y estaban en prisión preventiva por las causas de Costa Rica. Otras estaban esperando a que se eh digamos culminara los procesos o que se realizaran, digamos, los debates o las audiencias respectivas" indicó.

Consultado sobre si la extradición podría estarse utilizando como un “atajo” para juzgar en el extranjero a figuras que el sistema local no había procesado, Díaz fue enfático:

“No lo vemos como un atajo, sino como coordinación. Este tipo de delito —el tráfico internacional— afecta a varias naciones, por eso las investigaciones deben ser conjuntas. Hemos fijado objetivos comunes, incluso con personas de alto valor, y recurrido a la cooperación internacional para lograr resultados”, explicó.

El Fiscal General anticipó que el número de solicitudes de extradición seguirá aumentando a un ritmo similar al actual, y reconoció que el trámite recae en una unidad con recursos limitados: la Oficina de Asuntos Internacionales (WATRI), donde solo laboran tres fiscales.

Aun así, Díaz asegura que el país aún tiene capacidad para asumir este ritmo de solicitudes.