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La normativa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) asegura que no se puede negar una esterilización permanente a las personas mayores de edad que expresen su deseo de no tener hijos. Sin embargo, las denuncias por este tipo de acciones son frecuentes.

Por esta razón, el proyecto de ley 22.573 plantea que negar este procedimiento por criterio personal de un funcionario se convierta en un delito.

La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega, presentó el texto en comisión, ya que considera que no es suficiente que esté escrito solo en el reglamento de la institución.

"Lo que queremos es establecer por ley que, a la hora de que una persona llegue con un médico, este no va a poder prohibir ni hacer ningún tipo de límite en la solicitud basado en un estatus político, una situación personal, familiares, sexualidad, identidad de género ni en el estado civil, ni historial de relaciones sexuales", explicó Vega.

Esto aplicaría para todos los métodos anticonceptivos. Es decir, la persona podrá tener la libertad de escoger cuál desea utilizar sin que una opinión personal influya en su decisión. 

El expediente nació ya que la oficialista dice conocer muchos casos de mujeres víctimas de esas negativas.

"Hemos recibido muchísimas denuncias de mujeres que se les hace un mal trato a la hora de solicitar estos procedimientos. Un mal trato bastante basado en prácticas machistas o muy conservadoras", añadió.

Se pretende que, luego de que una mujer expresa su libertad para utilizar algún método, deba firmar un consentimiento informado donde autoriza al médico proceder con el expediente clínico.

En caso de esterilización, únicamente quedaría prohibida cuando: 

  • ​La mujer sea menor de edad.
  • No haya firmado el consentimiento.
  • Haya evidencia de que toma la decisión basada en alguien más.
  • Cuando la CCSS no haya recibido toda la información del caso.

Además, el proyecto plantea que en caso de métodos no quirúrgicos, como anticonceptivo oral, inyección, dispositivos intrauterinos, las personas mayores de 13 años puedan decidir cuál utilizar.

Oficio a la CCSS

Paola Vega también envió un oficio a la CCSS, pidiendo cuentas sobre varios casos de mujeres que aseguran haber pasado por estas situaciones, que en su criterio, no son éticas.

Sin embargo, la remitieron al protocolo interno y no mencionaron nada de sanciones a estos funcionarios.

"La carta me confirmó que esto no puede quedar al vaivén de un reglamento administrativo, tiene que quedar regulado por ley porque no puede ser un asunto que quede sujeto a las subjetividades de cada profesional médico", aseguró la diputada.​

El proyecto ahora deberá ser conocido en la Comisión de la Mujer para que se proceda con las consultas a las instituciones y la elaboración de un informe. 

Por ser un texto pequeño, la legisladora espera que no haya mucha discusión en el Plenario y pueda avanzar rápido.