Navas responde a detractores y dice que no renunciará

La fiscala general, Emilia Navas, aseguró hoy con vehemencia que no va a renunciar a su cargo y calificó de “ataques infundados” las voces que han insinuado o solicitado esa posibilidad.

Lo hizo en una extensa conferencia de prensa donde explicó su decisión de inhibirse del llamado caso “Cochinilla”, debido a que su esposo es abogado defensor algunas de las empresas señaladas.

Navas insistió en que más allá de su inhibitoria lo importante son las decisiones que tomó en el pasado con el fin de “blindar” a la Fiscalía de Transparencia y Anticorrupción para que ni ella como fiscala pudiera ingerir en sus diligencias, de manera en que su decisión de apartarse del caso no afecta en nada el proceso.

La diputada del PUSC, Shirley Díaz, solicitó hoy a la Corte Suprema de Justicia que valore apartar a Navas del Ministerio Público, pues los recursos económicos son muy limitados como para estar perdiendo a su cabeza en reiterados casos, especialmente los más importantes.

“No me voy a apartar, voy a mantenerme en mi cargo, porque no hay ninguna justificación para que yo presente mi renuncia. Al país le interesa y le sirve que Emilia Navas se mantenga al frente de la institución”, dijo.

Añadió que ha sido ella la responsable de crear “una Fiscalía valiente” y que el hecho de que ella o cualquier juez se separe de un cargo es algo absolutamente normal.

La solicitud de su renuncia no solo llegó del poder legislativo, pues esta mañana también se conoció la petitoria de tres sindicatos judiciales expresaron sus preocupaciones por "el daño que sigue sufriendo la imagen del Poder Judicial" bajo la gestión de Navas.

Añaden que su situación es incompatible con las necesidades del ministerio ante casos tan importantes y longevos como será este de "Cochinilla", por lo que inhibirse no es la solución pues "la probidad no está solo en apartarse, sino en permitir que las
políticas de persecución penal sean asépticas".

Incongruencia

La fiscala también minimizó la inquietud que planteó la jefa de fracción del PAC, Laura Guido, sobre la incongruencia de que un empleado público no pueda tener familiares directos participando en contratos públicos, pero una fiscala general sí pueda estar casada con un litigante.

“Es un tema que hay que revisar y que yo, a título personal, veo con preocupación. Tengo que reconocer que no hay indicios de que ella haya tenido acceso privilegiado de la información, al parecer estuvo separada desde el primer momento, pero sí considero inconveniente que personas de primer o segundo grado de consanguinidad con una figura de esa notoriedad puedan ser abogados litigantes, hay que revisar esas limitaciones si queremos un Estado saludable”, dijo la legisladora.

“En todas las sociedades existe la posibilidad de conflicto de interés, pero es a la sociedad y la Asamblea Legislativa la que le corresponde normar estas cosas para que ese conflicto de interés no cause interferencias.

“Pero insisto en que mi interés es la lucha contra la corrupción y esas luchas implican ataques, pero ninguno de esos ataques independientemente de quién haya venido han permitido manchar mi gestión”, finalizó.