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El Tribunal de Apelaciones del Contencioso Administrativo invalidó este miércoles la sentencia del juez Alcevith Godínez, quien había derogado varios decretos, el pasado 3 de noviembre de 2020, para suspender la restricción vehicular sanitaria.

Según confirmó la Procuraduría General de la República, la sentencia del juez fue revocada por la Sección Primera del Tribunal de Apelaciones.

“Hoy tuvo lugar la audiencia de apelación en el Contencioso Administrativo a raíz de la confusión que generó la sentencia dictada por el juez y en la que se buscaba suspender los decretos ejecutivos sobre restricción vehicular, emitidos en agosto, debido a que los decretos que suspendió el Lic. Alcevith Godínez se encontraban derogados al momento de dictarse la sentencia”, señaló la Procuraduría.

Además, dice que “se acogió la falta de interés actual alegada por el Estado en representación de la Procuraduría, con relación a las pretensiones de la parte actora”.


Por su parte, José Pablo Badilla, quien es uno de los abogados representantes de las municipalidades que demandaron al Estado por dicha restricción, asegura que todo el equipo legal estuvo reunido después de la audiencia “tratando de entender un poco lo que pasó y tomando decisiones a futuro”.

“Nos sentimos decepcionados por la forma en que resolvió el Tribunal de Apelaciones, ya que no quiso entrar a conocer el fondo del recurso, sino más bien buscó una salida fácil al decir que había pérdida de interés porque la medida cautelar dirigida al mes de agosto fue derogada en octubre”, comenta Badilla.

Badilla, quien es parte de un grupo de abogados que representa a las municipalidades de Escazú, Santa Ana, Nandayure, Nicoya, Santa Cruz, Carrillo y Liberia, considera que esto fue "una actitud antidemocrática y casi de mala fe "porque hace prevalecer la posición ideológica a toda costa y no técnica, ya que aún no hay estudios que demuestren la eficacia de la restricción".

“Para nosotros la aprobación de la medida cautelar era la apertura de entrada para impugnar todo el conjunto de restricciones vehiculares, sanitarias y comerciales. Estamos defraudados, pero con mucha energía y con ganas de seguir trabajando en los análisis y estudios de políticas que se han emitido”, agrega.

Además, destacó que desde noviembre plantearon una nueva demanda contra el Estado en la que se incorporaron todos los decretos presentes, pasados y futuros: están a la espera de la contestación y posible audiencia.

“Con esta demanda lo que pretendemos es que en el momento que el Ejecutivo pretenda intensificar la restricción vehicular, poder activar la medida cautelar”, finalizó Badilla.