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Una reforma aprobada en segundo debate por la Asamblea Legislativa permitirá a los gobiernos locales tener un mayor control sobre la gestión de los residuos sólidos.

De esta forma las municipalidades podrán aplicar sanciones cuando los ciudadanos quemen o entierren la basura.

Cuando tiren residuos en la vía pública, en alcantarillas, nacientes, causes de agua y zonas de protección; así como en propiedad privada o en sitios no autorizados para estos fines.

Las multas dependerán del tipo de infracción y del monto que establezca cada municipio.

También será sancionada la compra, venta, almacenaje y tratamiento de residuos valorizables cuando no se cuenta con dichos permisos.

Las multas se impondrán a aquellos que recolecten de la vía pública residuos valorizables ilícitamente y a quiénes brinden de forma ilegal el servicio de recolección y disposición de residuos.

Pero ¿quiénes velarán por el cumplimiento de estas normas?

El dinero que sea recaudado deberá invertirse en los programas de gestión de residuos de cada municipio.

La Unión Nacional de Gobiernos locales trabajará con las municipalidades para implementar los cambios. La ley empezará a regir un año después de su publicación.