MOPT no puede reclamar ni un colón por daño ambiental tras choque de yate en Cabo Blanco

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) se dice atado de manos para reclamar cualquier compensación por el daño ambiental o físico que produjo el choque de un yate en Cabo Blanco, el 31 de agosto anterior.

La razón es que en el país no existe una ley que permita ese ni ningún cobro a una embarcación por el daño que produzca a terceros.

Nelson Soto, director de Navegación y Seguridad de la División Marítimo-Portuaria del MOPT, explicó que tanto esa entidad como las autoridades ambientales del país están enfocadas en las tareas de limpieza y en el posterior análisis de los daños provocados, pero que una vez que ese proceso termine no está claro si alguien, diferente del Estado, tendrá que pagar.

“La falta de ley de regulación hace que no existan sanciones inmediatas para un caso así, no hay ese tipo de posibilidades que se tienen, por ejemplo, con la Ley de Tránsito en caso de un accidente. Lo que existen son posibilidades de determinar daños, pero hasta ahí”, reconoció.

La embarcación, de bandera estadounidense, encalló hace dos semanas en la costa pacífica, luego de chocar contra la Isla Cabo Blanco, parte de la reserva absoluta del mismo nombre.

Ahí, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) confirmó el derrame de combustible, además de la evidente cantidad de madera, fibra de vidrio y otros materiales que hoy yacen en la zona.

Desde entonces, el Área de Conservación Tempisque asegura que ha gastado alrededor de ₡5 millones en labores de limpieza y estima que necesitará otros $20 mil para terminar, mientras que el MOPT aún no estima sus costos.

¿Quién paga esto?

“Hay un principio legal que dice que quien contamina paga, eso lo que refleja es que el responsable de esos daños debería ser el dueño de la embarcación, independiente de las circunstancias, porque el daño está ahí y es evidente, pero la ley no prevé esos escenarios”, dijo Soto.

El problema para las autoridades es que, en este caso, el dueño de la embarcación es estadounidense y salió del país un día después del accidente.

Con la embarcación destruida, además, no hay ningún mecanismo de presión que le quede a las autoridades.

¿El MOPT tiene una partida especial de contingencia para casos como estos?

No, el MOPT no cuenta con presupuesto para esto, no hay un fondo para estos casos.

¿Quién paga entonces?

El Estado.

Soto aseguró que la ley actual es tan laxa, que incluso no establece seguros obligatorios para las embarcaciones que navegan por las aguas costarricenses, al menos no en lo concerniente a daños a terceros.

“Hay seguros para daños en el casco o los motores, pero son seguros a favor de los propietarios, no de terceros para casos como este”, añadió.

¿No le parece increíble que tras décadas de navegación marítima en el país y con la cantidad de embarcaciones que hoy navegan por Costa Rica no exista esa regulación?

“Sí claro, y es entendible la queja, pero también es cierto que hace más de 10 años hay un proyecto varado en la Asamblea Legislativa para la ley de navegación marítima, que establece sanciones inmediatas y mecanismos en estos y otros casos, un proyecto que ha llegado incluso al Plenario luego de trámite en comisión y nada más no se ha aprobado porque no ha existido la voluntad”, aseguró.

Ese texto, reformado y afinado por la diputada oficialista Paola Vega en el actual cuatrienio, fue dictaminado en noviembre anterior en el seno de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, pero aún no ha regresado al Plenario.

Mientras tanto, las autoridades apelarán a la buena voluntad del dueño de la embarcación para asumir los gastos y daños provocados; o bien, a un proceso judicial en un tribunal ambiental que no ofrece mayores garantías.

“Esto es lo mismo a no tener una Ley de Tránsito, con el agravante de que en carretera uno puede chocar y quedarse a la orilla de la carretera; a 10 millas náuticas uno choca o tiene un accidente y si no tiene el equipo adecuado se ahoga, es así”, finalizó el director.